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English (United Kingdom) El BID advierte que Perú necesita movilizar capital privado para cerrar una brecha de infraestructura de US$110 mil millones, sin descartar el rol central del Estado.
En el marco de INFRACON 2026, celebrado en Urubamba (Cusco), Pablo Eguiluz, líder de Infraestructura y Energía de BID Invest, señaló que las limitaciones fiscales impiden a los gobiernos financiar por sí solos la inversión necesaria en sectores clave como transporte, saneamiento y energía. La brecha de US$110 mil millones se distribuye en transporte (44 %), salud (16 %), saneamiento (20 %), agua (7 %), telecomunicaciones (5 %), electricidad (2 %) e irrigación (4 %).
Dato clave: El 80 % de la brecha de infraestructura corresponde a sectores críticos como transporte, salud y saneamiento, lo que exige una reestructuración del modelo de financiamiento.
La discusión gira en torno a la necesidad de asociaciones público-privadas (APP) más robustas, donde los riesgos se compartan de manera equitativa y los contratos incluyan mecanismos eficaces de resolución de controversias. Juan Méndez, especialista en APP del BID, enfatizó que el éxito de estos proyectos no se mide solo por la adjudicación, sino por su concreción operativa: cierre financiero, construcción y puesta en marcha. En Perú, sectores como salud y saneamiento requieren mayor transparencia en indicadores de desempeño y mayor confianza institucional para atraer inversiones sostenibles.
Contexto
La región enfrenta una demanda creciente de infraestructura en un escenario de estabilidad fiscal priorizada por los gobiernos, lo que obliga a repensar los modelos de financiamiento. Perú, con potencial para aprovechar la reconfiguración de cadenas globales y la transición energética, debe fortalecer su marco regulatorio para hacer más atractivas las inversiones de largo plazo. La falta de liquidez pública no debe frenar el desarrollo, pero tampoco debe derivar en una externalización desregulada de servicios esenciales.
¿Qué sigue?
El BID planea concretar nuevas operaciones este año, con énfasis en transporte fluvial y saneamiento. Se prevé un impulso a proyectos piloto que demuestren viabilidad técnica y financiera, con enfoque en sostenibilidad y equidad regional. La clave estará en equilibrar la atracción de capital privado con la supervisión estatal para garantizar que la infraestructura cumpla su función social.
📰 Publicado originalmente en Diario Gestión. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.