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English (United Kingdom) El Congreso propone restablecer y ampliar la participación de reguladores en APP y PA, tras una norma reciente que limitó su intervención a la fase ejecutiva.
La bancada de Renovación Popular (RP) presentó la proposición legislativa N.° 00422-2026-2031-CD, que busca fortalecer el marco legal de las Asociaciones Público-Privadas (APP) y los Proyectos en Activos (PA), vigente desde mayo de 2025. Esta iniciativa busca revertir una modificación introducida por la Ley de Crédito Suplementario S/ 4,160.3 millones, aprobada en diciembre de 2025 bajo el gobierno interino de José Balcázar, la cual eliminó la facultad de las entidades reguladoras —Sunass, Osinergmin, Osiptel y Ositrán— para emitir opiniones no vinculantes sobre contratos en etapas tempranas como el diseño y las modificaciones contractuales.
Dato clave: La norma de Balcázar redujo el rol de los reguladores a la sola fase de ejecución, afectando proyectos clave como el Aeropuerto Jorge Chávez, la Línea 2 del Metro y el Parque Industrial de Ancón.
La propuesta de RP no solo busca restaurar la participación previa de los reguladores, sino también extenderla a etapas iniciales, permitiendo observaciones tempranas en lugar de postergarlas a fases posteriores. Aunque expertos como Aouda Del Castillo (PPU) reconocen el valor de una mayor supervisión técnica, Aldo Reggiardo (Cuatrecasas) advierte sobre riesgos de incertidumbre: la iniciativa mantiene un plazo de 15 días hábiles para pronunciamiento, pero establece que la falta de respuesta no implica opinión favorable, eliminando así el silencio administrativo positivo. Esto podría retrasar procesos y generar inestabilidad jurídica para los inversionistas.
Contexto
Esta discusión se enmarca en una tendencia reciente de tensiones entre el Poder Ejecutivo y los organismos autónomos. Tras la aprobación de la norma de Balcázar, los reguladores perdieron su capacidad para pronunciarse sobre aspectos tarifarios, de acceso o niveles de servicio en megaproyectos, generando críticas de la comunidad técnica. Paralelamente, el Perú enfrenta una ola de vencimientos contractuales en APP: hasta ocho concesiones en transporte terminarían durante el gobierno de Keiko Fujimori, lo que exige un marco legal más predecible y robusto para su renovación o renegociación.
¿Qué sigue?
La proposición legislativa ingresará a comisiones especializadas del Congreso para su análisis. Si avanza, se abriría un debate amplio entre el sector público, privado y académico sobre el equilibrio entre eficiencia regulatoria y estabilidad contractual. Expertos coinciden en que cualquier modificación debe garantizar transparencia, plazos ciertos y respeto al principio de confianza legítima de los inversionistas.
📰 Publicado originalmente en Diario Gestión. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.