Más de 111 mil inversiones se “desactivaron”, pese a millones gastados, ¿qué pasa en Perú?

Más de 111 mil inversiones públicas fueron desactivadas en H1 del año, con S/ 47 mil millones ejecutados, revela un estudio del CPC.

Según el Consejo Privado de Competitividad (CPC), en la primera mitad del año se desactivaron 111,534 proyectos del Banco de Inversiones, los cuales ya habían consumido S/ 47 mil millones en ejecución parcial. De estos, el 72.3% carecía de expediente técnico o no registraba movimientos desde 2015 o antes; además, 14,659 inversiones (S/ 1,575 millones) fueron inhabilitadas pese a haber sido declaradas viables entre 2023 y 2026. La mayoría —102,156 proyectos con S/ 35.1 mil millones— correspondió a gobiernos locales, concentrándose en la Municipalidad de Ate (11,383 casos), y también en Santa (Áncash) y Quiruvilca (La Libertad).

El economista Álvaro Cubas del CPC explicó que, aunque se haya ejecutado parte del presupuesto —incluso hasta 10% o 15% en obras—, si el proyecto no se reactiva ni se concluye formalmente, todo gasto previo se convierte en costo hundido. Esto incluye expedientes técnicos, estudios de preinversión y servicios de consultoría, cuyo valor se pierde al no generar el bien o servicio público esperado. El problema radica en deficiencias estructurales: falta de capacidad técnica en entidades locales, mala priorización de proyectos y escasa supervisión post-viabilidad.

Contexto

Análisis: La alta tasa de desactivación refleja una gestión ineficiente en los niveles descentralizados, donde la fragmentación institucional y la rotación de personal dificultan la continuidad de los proyectos. Aunque el Gobierno nacional y los gobiernos regionales concentraron menos proyectos (3,179 y 6,199, respectivamente), sus montos ejecutados (S/ 5.9 y S/ 6.1 mil millones) evidencian una mayor envergadura, pero también mayor riesgo de desviación si no se fortalecen los controles. El CPC advierte que sin mejoras en la calidad de la preinversión y en la gobernanza local, el ciclo de desactivación seguirá consumiendo recursos públicos sin generar impacto social.

¿Qué sigue?

El CPC recomienda fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación de proyectos, priorizar la elaboración de expedientes técnicos antes de asignar fondos, y capacitar a los equipos técnicos municipales. Además, se impulsa una reforma legislativa para agilizar los procesos de reactivación y evitar que los proyectos “duran” años sin avances reales. La eficiencia en la ejecución pública dependerá, en gran medida, de cerrar esta brecha entre la inversión programada y la que efectivamente se materializa en obras terminadas.

📰 Publicado originalmente en Diario Gestión. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.