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English (United Kingdom) Diputados de Juntos por el Perú (JP) propusieron derogar los decretos de urgencia 010-2025 y 003-2026 que impulsan la reorganización de Petroperú bajo la gestión de ProInversión, buscando revertir avances en su proceso de modernización.
El 29 de septiembre, una propuesta legislativa presentada por JP busca anular ambos decretos, así como anular todos los actos administrativos derivados de ellos en un plazo máximo de 60 días, incluyendo la reversión de activos y recursos transferidos por ProInversión. La iniciativa también propone recuperar créditos fiscales acumulados por exoneración del IGV y restablecer la vigencia del artículo 1 de la Ley 28244, que excluye a la petrolera estatal de mecanismos de promoción de inversión privada.
Dato clave: El DU 003-2026 autoriza financiamiento hasta por US$ 2,000 millones mediante un Vehículo de Propósito Especial para garantizar la continuidad operativa de Petroperú.
El DU 010-2025, emitido en el gobierno de José Jerí, establece medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial de la empresa y la continuidad de su cadena productiva. En contraste, JP argumenta que estos decretos constituyen una “privatización encubierta” de activos estratégicos, lo que debilitaría la soberanía y seguridad energética del país, especialmente en un contexto de alza en los precios de los combustibles. La iniciativa legislativa busca también anular los actos ejecutados bajo dichos marcos normativos y recuperar saldos pendientes de devolución del IGV del proyecto Talara para destinarlos al capital de trabajo de la empresa.
Contexto
En el anterior Congreso, una propuesta similar —con 13 iniciativas de bancadas de izquierda— fue rechazada por la Comisión de Energía y Minas, que votó por archivar el dictamen. Ahora, JP retoma esta postura, coincidiendo con una sesión en la misma comisión el mismo día de la presentación, donde Ángel Delgado, director del proyecto de reorganización en ProInversión, reiteró que los decretos no buscan privatizar a Petroperú, sino fortalecer su viabilidad financiera y operativa. El debate refleja una profunda división sobre el rol del Estado en la gestión petrolera y el equilibrio entre atraer inversión y preservar el control estatal.
¿Qué sigue?
La iniciativa ingresará a la Comisión de Energía y Minas para su análisis y dictamen, donde enfrentará resistencia tras el rechazo previo del Congreso anterior. Su destino dependerá del apoyo de otras bancadas y de la postura del Ejecutivo. Si avanza, podría generar tensiones institucionales con ProInversión y afectar los plazos de modernización de refinerías como Talara.
📰 Publicado originalmente en Diario Gestión. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.