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English (United Kingdom) El gobierno de Javier Milei renunció a flexibilizar la compra de tierras por extranjeros tras la oposición en el Senado y la amenaza de anular su decreto de derogación de la Ley de Tierras de 2011.
Este miércoles, el bloque oficialista en la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que reafirma los límites establecidos por la Ley de Tierras Rurales, tras el retiro del capítulo sobre propiedad agraria del proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, rechazado por los bloques opositores. La medida busca evitar que la oposición anule este jueves el Decreto 70/2023, que derogó la norma de 2011 y otras 366 disposiciones como parte del plan desregulador del Ejecutivo.
Dato clave: El decreto fue rechazado por el Senado en marzo de 2024 y la Corte Suprema lo avaló en septiembre, pero la presión legislativa y social obligó al Ejecutivo a ceder en uno de sus pilares más polémicos.
La iniciativa original incluía una reforma para permitir la compra ilimitada de tierras rurales por extranjeros, lo que generó fuerte oposición social y parlamentaria. Tras su eliminación en el Senado, el proyecto avanzó sin esa cláusula, pero la Corte Suprema, el 29 de septiembre, revertió una medida cautelar de marzo de 2024 y validó la derogación total del decreto. Frente a esto, la oposición —con peronistas e izquierdistas— impulsa la anulación definitiva de los 366 artículos del decreto en la sesión de este jueves, en medio de movilizaciones convocadas por colectivos rurales, estudiantes y docentes universitarios.
Contexto
La Ley de Tierras Rurales de 2011 limitaba la propiedad extranjera al 10% del total del territorio rural nacional y exigía autorización previa para transacciones. Su derogación por Milei formaba parte de una estrategia más amplia para atraer inversión extranjera mediante la desregulación económica. Sin embargo, la medida generó preocupación por la concentración territorial, la soberanía alimentaria y los derechos de comunidades originarias. La sociedad civil y sectores agropecuarios han denunciado riesgos de especulación inmobiliaria y desplazamiento campesino, mientras economistas del oficialismo argumentan que los límites actuaban como barrera para el desarrollo del agro.
¿Qué sigue?
La sesión del jueves en la Cámara de Diputados será decisiva: si se anula el decreto, se restablecerá la Ley de Tierras de 2011 y se reactivarán los controles previos a las compras de terrenos por extranjeros. El Ejecutivo, al ceder en esta cuestión, busca preservar el resto del paquete desregulador, pero su autoridad política queda debilitada tras una derrota legislativa anticipada por su propia bancada. La tensión seguirá creciendo mientras avanzan las negociaciones para el Presupuesto 2025.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.