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English (United Kingdom) La detención del fiscal general Roger Mariaca, acusado de liderar una red que protegía actividades narcotraficantes, desató una crisis institucional en Bolivia y generó el inmediato respaldo de EE.UU.
El alto funcionario, en el cargo desde octubre de 2024, fue capturado el miércoles 30 de abril en Santa Cruz junto con 13 personas más, tras una operación que incluyó allanamientos en la Fiscalía y el hallazgo de dinero en efectivo en una ambulancia. El gobierno de Rodrigo Paz lo acusa de encabezar una organización criminal “enquistada” dentro del Ministerio Público, dedicada a proteger el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
Dato clave: Estados Unidos revocó las visas de Mariaca y otros funcionarios bolivianos dos días antes de su detención, y el secretario de Estado Marco Rubio felicitó públicamente al gobierno por sus acciones contra el crimen organizado.
La operación, llevada a cabo por agentes nacionales con apoyo técnico internacional, se enmarca en una mayor coordinación entre La Paz y Washington en materia de seguridad. Mariaca había participado en la captura del uruguayo Sebastián Marset en marzo, cuyo video posterior —no verificado— lo vincula con el fiscal. La Fiscalía cuestionó la legalidad de la detención y los allanamientos, denunciando que se operó sin orden judicial y vulnerando la autonomía del Ministerio Público.
Contexto
El gobierno de Paz, asumido tras las elecciones de 2025, ha impulsado una política de “mano dura” contra el narcotráfico y la corrupción, incorporándose al programa regional *Escudo de las Américas*, respaldado por EE.UU. La detención de Mariaca —quien ostentaba el cargo menos de siete meses— revela tensiones internas en la lucha antinarcóticos y cuestionamientos sobre la independencia del sistema judicial. Mientras el Ejecutivo celebra la operación como un hito, organizaciones de la sociedad civil y colegas del Ministerio Público exigen transparencia y respeto al debido proceso.
¿Qué sigue?
Se prevé que Mariaca sea trasladado a un centro penitenciario de máxima seguridad y enfrentará cargos por asociación para delinuir, lavado de activos y tráfico ilícito de drogas. La justicia boliviana deberá equilibrar la urgencia investigativa con garantías procesales, mientras la comunidad internacional vigila el impacto institucional de esta operación sin precedentes.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.