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English (United Kingdom) El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, promulgó el decreto 1525 de 2026, que regula la protesta social, y lo aplicará durante las movilizaciones convocadas para este miércoles.
El texto normativo, firmado este martes, establece que el diálogo y la mediación deben preferirse ante la violencia, pero no impide la intervención inmediata contra quienes cometan actos delictivos durante las manifestaciones. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que el mecanismo entrará en vigencia en la primera gran prueba de resistencia al gobierno de De la Espriella, quien lleva poco más de dos meses en el poder.
Dato clave: El decreto permite a la fuerza pública intervenir sin agotar previamente el diálogo si en la manifestación se usan armas, artefactos incendiarios, se retienen personas o se agreden ciudadanos.
La norma responde a una solicitud de sectores sociales que convocan una jornada nacional de protesta con demandas laborales, educativas y territoriales, además de expresar desconfianza hacia las políticas del nuevo gobierno. El presidente reafirmó que la protesta pacífica es un derecho constitucional, pero subrayó que acciones como bloquear vías, dañar infraestructura o impedir el acceso a servicios de emergencia constituyen delitos. El ministro Lara calificó el decreto como “garantista y democrático”, reiterando el compromiso con el uso mínimo de la fuerza.
Contexto
Este es el primer gran desafío de legitimidad para De la Espriella tras asumir la presidencia. Organizaciones como sindicatos, comunidades indígenas y movimientos estudiantiles han criticado iniciativas previas del Ejecutivo que limitaban la protesta, lo que alimenta el descontento. El decreto busca equilibrar el derecho a manifestar con la preservación del orden público, tras años de tensiones en torno a bloqueos y confrontaciones en espacios como el Transmilenio de Bogotá.
¿Qué sigue?
Las movilizaciones de este miércoles servirán como termómetro del apoyo social al nuevo gobierno y de la efectividad del nuevo marco normativo. Las autoridades anticipan una alta participación, mientras organizaciones sociales reiteran su intención de protestar sin violencia, pero sin renunciar a sus demandas. La respuesta institucional en las próximas horas definirá si el decreto logra su objetivo: proteger la protesta legítima sin legitimar la violencia.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.