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English (United Kingdom) El presidente colombiano Abelardo de la Espriella advirtió que responderá con firmeza ante cualquier violencia durante el paro nacional convocado para el miércoles, rechazando la desestabilización y reafirmando su compromiso con la seguridad ciudadana.
El mandatario, en una intervención televisiva este lunes, señaló que la protesta pacífica es un derecho constitucional, pero subrayó que no justifica la destrucción de bienes, la agresión a civiles ni la obstrucción de servicios esenciales. De la Espriella acusó a los convocantes del paro —entre ellos sindicatos y fuerzas opositoras— de buscar causar caos y de haber dejado al país en una grave crisis económica y energética, con recursos públicos degradados. Asimismo, confirmó la próxima presentación de un Decreto de Protesta Social que restringirá las manifestaciones y endurecerá las sanciones, así como la tramitación ante el Congreso de un polémico Estatuto Antiterrorista.
Dato clave: En sus dos primeros meses en el cargo, el Gobierno ha incautado 125 toneladas de cocaína, 60 de marihuana, 1.092 kilos de heroína, 3.456 armas de fuego y detenido a 876 presuntos integrantes de grupos armados, además de eliminar a 70 en operativos.
El presidente vinculó directamente la violencia en las calles con la inestabilidad institucional previa, citando el riesgo de un apagón eléctrico, la fragilidad del sistema de salud y la pérdida de soberanía energética. En su discurso, utilizó su apodo —“el tigre”— para enfatizar su determinación de defender la vida, el honor y los bienes de los colombianos. También rechazó prácticas como el bloqueo permanente de vías, el uso de menores en protestas o la conversión de transportes públicos en trincheras, calificándolas como delitos graves.
Contexto
La tensión ha crecido tras la convocatoria del paro nacional, que opositores y organizaciones sociales definen como una respuesta legítima a políticas económicas percibidas como regresivas, mientras el Gobierno las califica como intentos de desestabilización. La sociedad civil ha expresado preocupación por la reducción del espacio para la protesta social, mientras expertos en derechos humanos piden equilibrio entre seguridad y libertad de expresión. La iniciativa antiterrorista, en particular, ha generado críticas por posibles derivas represivas, aunque el Ejecutivo insiste en su necesidad para combatir a grupos armados organizados y redes criminales.
¿Qué sigue?
El decreto de protesta social se presentará esta semana, y el Estatuto Antiterrorista ingresará al Congreso con urgencia. Las organizaciones convocantes del paro deben confirmar su participación tras las declaraciones presidenciales, lo que podría polarizar aún más el escenario político. Si se confirma una movilización masiva y pacífica, el Gobierno tendrá que demostrar su capacidad de diálogo; en caso contrario, se esperan enfrentamientos y un endurecimiento de las respuestas represivas.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.