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English (United Kingdom) Brasil bloqueó más de 5.200 páginas web y 2.000 perfiles en redes sociales tras la prohibición de las apuestas decretada por Lula el viernes pasado, como parte de una estrategia integral contra el sector ilegal.
El Ministerio de Justicia y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) coordinaron la medida desde la creación de un comité especial el lunes, con el objetivo de cortar la difusión de nuevas casas de apuestas. El ministro Wellington Lima afirmó que la prohibición ha simplificado la detección de movimientos financieros y publicidad ilegal, mientras que Octavio Penna, director de Anatel, indicó que los sitios deben ser retirados de la red antes de la noche del martes. Paralelamente, el secretario Chico Lucas reportó una caída del 10 % en los movimientos por Pix desde el sábado, atribuyéndolo directamente a la medida.
Dato clave: Según la encuesta Quaest, el 62 % de los brasileños respalda la prohibición de las apuestas deportivas y los casinos en línea.
La medida, firmada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, puso fin a un marco regulatorio anterior que permitía las apuestas deportivas y los casinos online. Antes, este sector financiaba al fútbol profesional, pero ahora todas las operaciones están prohibidas, lo que según las autoridades facilita la lucha contra el lavado de dinero y otros delitos financieros. Plataformas como Bet Legal denunciaron que más de 500 casas ilegales se habrían lanzado tras la entrada en vigencia de la norma, aunque el gobierno asegura que la situación se ha vuelto más transparente para los consumidores.
Contexto
La iniciativa ha generado divisiones: mientras sectores sociales y organismos de seguridad la celebran como una victoria contra el crimen organizado, las operadoras legales anteriores a la medida cuestionan su legalidad y planean impugnarla ante el Tribunal Supremo. Estas empresas tienen hasta el 5 de octubre para devolver los depósitos de los usuarios. La medida también cobra relevancia electoral, pues Lula, candidato a la reelección, apuesta por su alta popularidad —según la encuesta— como un activo clave en su campaña.
¿Qué sigue?
Las autoridades intensificarán la supervisión de instituciones financieras para detectar transacciones sospechosas y ampliarán las acciones contra redes de financiamiento ilícito. Mientras tanto, el Tribunal Supremo será el árbitro final sobre la constitucionalidad de la prohibición, cuyo desenlace podría influir en la percepción ciudadana antes de las elecciones de octubre.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.