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English (United Kingdom) La Fiscalía boliviana inicia la fase de acumulación de antecedentes para un juicio de responsabilidades contra Evo Morales y Álvaro García Linera por supuestos delitos de lesa humanidad vinculados al caso “Las Américas” de 2009.
El Ministerio Público boliviano lanzó este lunes la etapa inicial de investigación contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) y su entonces vicepresidente Álvaro García Linera, tras una solicitud presentada por legisladores de la alianza opositora Libre y el expresidente Jorge Tuto Quiroga. La acusación los responsabiliza de presuntos crímenes como asesinato, tortura, vejaciones y privación arbitraria de la libertad en el operativo policial del 12 de abril de 2009 en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, donde murieron tres extranjeros —el irlandés Michael Dwyer y los europeos Mario Tadic y Elöd Tóásó— y otros dos fueron detenidos.
Dato clave: En 2015, Tadic y Tóásó fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión, pero fueron liberados tras cumplir su pena en detención preventiva y salieron del país denunciando crímenes de lesa humanidad.
El caso surgió tras una operación policial que el gobierno de Morales calificó como el desmantelamiento de una célula terrorista supuestamente vinculada a planes secesionistas en Santa Cruz. Sin embargo, los procesados —39 en total— denunciaron persecución política y violaciones a derechos humanos. En 2020, tras el cambio de gobierno, la Fiscalía y el entonces Ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez retiraron las acusaciones, lo que derivó en la absolución de los acusados restantes. Ahora, con la nueva solicitud, se busca reabrir la investigación bajo la figura de juicio de responsabilidades, que exige autorización del Parlamento tras una revisión del Tribunal Supremo de Justicia.
Contexto
Este caso reviste relevancia por su carga simbólica en la polarización política boliviana. Para sus detractores, Morales utilizó el aparato estatal para silenciar a opositores críticos de su proyecto constitucional y de su creciente centralismo. Para sus seguidores, la operación respondió a una amenaza real contra la estabilidad del Estado plurinacional. La reactivación de la causa ocurre en un escenario de reconfiguración jurídica tras el retorno de Morales al poder parlamentario y la reorganización del sistema judicial, lo que ha generado tensiones entre sectores afines al gobierno y organismos internacionales de derechos humanos.
¿Qué sigue?
La Fiscalía tiene un plazo de 30 días para recopilar pruebas y, si considera que existen elementos suficientes, elevar el requerimiento acusatorio al Tribunal Supremo de Justicia. Este último deberá pronunciarse sobre su admisibilidad y, en caso positivo, solicitar autorización al Parlamento para autorizar el juicio. La decisión podría convertirse en un test de independencia judicial y un hito en la lucha por la memoria histórica en Bolivia.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.