Lula da Silva prohibió las apuestas deportivas en Brasil mediante decreto ejecutivo, calificándolas como una "desgracia para los pobres", en un acto electoral en São Paulo, ocho días antes de las elecciones del 4 de octubre.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció la medida el viernes 29 de septiembre y la defendió el sábado en un mitin en São Miguel Paulista, un barrio de la zona este de São Paulo. La prohibición afecta a las casas de apuestas y casinos virtuales, que habían recaudado cerca de 20.000 millones de reales (unos 3.855 millones de dólares) en impuestos durante su regulación. Lula, que busca su cuarto mandato no consecutivo, argumentó que la medida busca proteger a las familias vulnerables del endeudamiento causado por el juego.
Dato clave: Flávio Bolsonaro acusó al presidente de cometer una "estafa electoral" al emitir la prohibición a nueve días de los comicios, destacando que su propio gobierno autorizó a 85 empresas a operar y recaudó 20.000 millones de reales.
La decisión de Lula surge tras una polémica regulación previa: su administración había autorizado la operación de 85 empresas de apuestas y generado ingresos fiscales significativos. Sin embargo, el decreto ejecutivo —que exige refrendo del Congreso en 120 días— busca evitar que la medida pierda vigencia tras las elecciones. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) enfatizó que nadie se enriquece apostando, salvo los dueños de las casas de apuestas, y que el dinero de familias pobres se usaba para cubrir pérdidas en juegos.
Contexto
La medida impacta directamente en el ecosistema del fútbol brasileño y los medios de comunicación, que habían recibido importantes inversiones publicitarias de las operadoras. Flávio Bolsonaro, su principal rival, cuestionó la coherencia del gobierno, ya que fue su propia gestión la que estableció el marco legal para estas actividades. La tensión electoral se acentúa en São Paulo, el mayor colegio electoral del país, donde las encuestas muestran al hijo del expresidente en ventaja, pese a que Lula lidera a nivel nacional. Además, el mandatario reforzó su discurso soberanista, rechazando supuestas injerencias externas —como la presunta apoyo de Donald Trump a Bolsonaro— y prometiendo que los minerales críticos del país serán industrializados localmente, no exportados en bruto.
¿Qué sigue?
El decreto entrará en vigencia de forma inmediata, pero su permanencia depende de la aprobación del Congreso dentro de los próximos 120 días. En la recta final de la campaña, Lula intensificará su agenda en São Paulo, mientras Flávio Bolsonaro insiste en cuestionar la legalidad y los motivos políticos de la medida. La decisión marca un giro inesperado en la política de juego, con implicaciones económicas, sociales y electorales que podrían influir en el resultado del 4 de octubre.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.
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