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English (United Kingdom) En 1926, los banqueros peruanos ejercieron una fuerte presión contra el aumento de tarifas arancelarias propuesto por el gobierno de Augusto B. Leguía, argumentando que afectaría la estabilidad del sistema financiero.
El 15 de octubre de 1926, la Asociación Bancaria del Perú emitió un comunicado oficial en el que advirtió que la subida de aranceles a importaciones de bienes industriales —que llegaría hasta un 25%— pondría en riesgo la liquidez de las instituciones financieras, ya que muchas dependían del comercio exterior y de los ingresos por tasas aduaneras.
Dato clave: El aumento arancelario, aprobado por el Decreto Supremo N.º 7821, recaería principalmente sobre productos textiles, metálicos y alimentos procesados, generando una proyección de pérdida de 1,2 millones de soles en ingresos bancarios anuales.
La tensión surgió en el marco de la crisis fiscal que vivía el país tras la caída de los precios del caucho y el algodón en los mercados internacionales. El gobierno buscaba recaudar recursos sin recurrir a nuevos préstamos externos, mientras los banqueros defendían la libre circulación de capitales y la estabilidad cambiaria. Esta disputa reflejaba un conflicto más amplio entre el modelo de desarrollo basado en la exportación primaria y los intereses del capital financiero nacional.
Contexto
La reacción del sector financiero fue inmediata: representantes del Banco de Crédito del Perú y del Banco Italiano se reunieron con miembros del Ministerio de Hacienda para exigir una revisión del decreto. Aunque el gobierno mantuvo la medida en el corto plazo, acordó eximir temporalmente ciertos rubros clave para evitar una contracción crediticia. Analystas señalan que esta tensión marcó un hito en la relación entre el Estado y el sector bancario durante la Oncenio, cuando Leguía equilibraba presiones externas con demandas internas de modernización económica.
¿Qué sigue?
Para noviembre de 1926, se prevé una mesa técnica entre el Ministerio de Hacienda y la Asociación Bancaria para evaluar un mecanismo de compensación fiscal por los ingresos perdidos. A largo plazo, este episodio podría acelerar la creación de una regulación bancaria más estructurada, con mayor transparencia en los flujos comerciales y arancelarios. La lección de 1926 sigue vigente: las políticas fiscales deben equilibrar la recaudación con la estabilidad del sistema financiero.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.