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English (United Kingdom) Los últimos resultados PISA confirman la crisis educativa peruana, atribuida a una gestión centralizada, falta de liderazgo escolar y débil exigencia docente, lo que exige una reestructuración profunda del sistema.
Según el último informe PISA, el Perú sigue registrando desempeños bajos en lectura, matemáticas y ciencias en educación básica, confirmando una tendencia persistente. La evaluación revela que más del 70% de los estudiantes no alcanza niveles mínimos de competencia en estas áreas, un escenario que se repite desde hace más de una década. La responsabilidad recae en dos pilares: el modelo administrativo centralizado, que impide decisiones ágiles sobre infraestructura y equipamiento, y la ausencia de mecanismos para evaluar y recompensar el desempeño docente.
Dato clave: El Estado destina aproximadamente US$120 (S/400 mensuales) por estudiante en educación pública, cifra comparable con la pensión de colegios privados de bajo costo seleccionados bajo esquemas de becas.
El análisis subraya que la crisis no radica en las capacidades de los estudiantes, sino en un sistema que no garantiza condiciones mínimas para aprender: escuelas sin infraestructura adecuada, falta de recursos didácticos y una cultura organizacional que dificulta la mejora continua. Aunque los salarios docentes han crecido desde 2006 gracias a evaluaciones meritocráticas, la cultura institucional y la rigidez normativa impiden que estos avances se traduzcan en mayor exigencia o innovación pedagógica. Además, muchos docentes ingresaron a la carrera por su estabilidad laboral y por ser una vía con menores barreras de ingreso universitario, lo que impacta en la calidad inicial de la formación docente.
Contexto
La propuesta central del texto es la descentralización mediante la incorporación del sector privado en la educación pública mediante becas estatales, como se practica en programas exitosos en zonas populares. En este modelo, los padres reciben una beca equivalente al costo estudiantil del Estado (US$120/mes) para inscribir a sus hijos en colegios privados de bajo costo que cumplan con estándares de calidad. Esto genera una dinámica competitiva: los colegios deben demostrar rendimiento para retener estudiantes y recibir pagos, lo que permite al director aplicar premios o sanciones al personal docente, algo inviable en la educación pública por normativas rígidas. Paralelamente, se subraya la necesidad de formar valores ciudadanos —convivencia, respeto a normas, responsabilidad—, aspecto frecuentemente ignorado en la discusión técnica sobre resultados PISA.
¿Qué sigue?
La discusión pública debe avanzar hacia modelos de gestión flexibles que empoderen a los líderes escolares y vinculen la calidad con incentivos reales. Sin una transformación estructural que incluya liderazgo, autonomía y exigencia, los esfuerzos puntuales no lograrán revertir la crisis educativa. El futuro del sistema depende de decidir si se mantiene una lógica burocrática o se apuesta por soluciones innovadoras centradas en el estudiante.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.