Corrupción desde adentro (2)

Las sospechosas muertes de Nilo Burga Malca y José Miguel Castro, vinculados a casos de corrupción en Qali Warma y Odebrecht, cuestionan la imparcialidad de las investigaciones estatales y evidencian la peligrosa entrelazada entre corrupción y poder.

El 25 de diciembre de 2024, Nilo Burga Malca, presidente de Frigoinca —empresa proveedora del programa Qali Warma—, fue hallado sin vida en un hostal de Magdalena del Mar. Su fallecimiento, inicialmente declarado como autolesión por el entonces ministro Juan José Santiváñez, fue posteriormente reevaluado por peritos forenses como un homicidio. Paralelamente, en junio de 2025, José Miguel Castro, exgerente municipal y clave testigo en los casos de financiamiento ilegal de Odebrecht y OAS, fue encontrado muerto en su casa de Miraflores con un corte de 27 cm en el cuello; las autoridades policiales lo calificaron como suicidio, mientras la medicina legal lo descartó.

La investigación periodística reveló que, tras la intoxicación masiva, la empresa Frigoinca habría sobornado a un funcionario de la Dirección Regional de Salud de Puno para sustituir muestras y manipular el laboratorio encargado del análisis. Como consecuencia, se emitió un informe falso que atribuyó la intoxicación al agua del colegio, absolviendo así a la empresa. Burga estaba bajo investigación fiscal por presunto tráfico de influencias y soborno. Posteriormente, Óscar Acuña Peralta, hermano del político César Acuña, fue incluido en la investigación preparatoria por supuestamente ayudar a Burga a flexibilizar controles sanitarios en La Libertad. El caso de José Miguel Castro, por su parte, adquiere mayor relevancia si se considera su rol como testigo estelar en procesos contra figuras cercanas a la gestión de Dina Boluarte.

Contexto

Análisis: La corrupción institucional en el Perú ha evolucionado de prácticas puntuales a un sistema estructural que involucra tanto actores privados como funcionarios públicos dispuestos a alterar procesos legales. Las muertes sospechosas de Burga y Castro no son casos aislados, sino síntomas de un entorno donde el silencio forzado se convierte en herramienta para proteger redes de impunidad. La rápida intervención gubernamental en ambos casos —con declaraciones oficiales antes de los resultados forenses— ha alimentado la desconfianza ciudadana en la independencia del sistema de justicia. Expertos en derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil han exigido investigaciones transparentes y la protección de testigos clave.

¿Qué sigue?

Las fiscalías especializadas en corrupción deben concluir las investigaciones sin interferencias y hacer públicos los hallazgos con transparencia. El Poder Judicial debe garantizar que los procesos judiciales contra figuras políticas y empresariales se realicen sin sesgos ni retrasos injustificados. La sociedad civil, por su parte, debe mantener la presión para que estos casos no queden en la impunidad, recordando que cuando la corrupción se cobra vidas, ya no es solo un delito: es una amenaza a la democracia.

📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.