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English (United Kingdom) El presidente del Senado, Miguel Torres, acuñó el término “anemia legislativa” para describir la lentitud del Congreso bicameral en tramitar iniciativas clave, como la delegación de facultades para atender emergencias como El Niño.
En el III Foro organizado por El Comercio y América Multimedia, Torres contrastó el actual escenario con la “hemorragia legislativa” del unicameralismo, destacando que la nueva estructura bicameral —en su primer año de vigencia— ha generado retrasos en comisiones ordinarias, especialmente en la Cámara de Diputados, cuya demora en resolver la delegación de facultades es emblemática.
Dato clave: El predictamen de la Comisión de Constitución sobre la delegación de facultades supera las 200 hojas, pero incluye observaciones técnicamente débiles, como el rechazo sin sustento a la propuesta de usar hangares militares desocupados para aliviar el hacinamiento penitenciario.
La nueva reglamentación bicameral impone restricciones que limitan la iniciativa legislativa: ya no se admiten declaraciones de necesidad pública, y los proyectos de ley de parlamentarios no pueden incrementar el gasto público, ni invadir la competencia exclusiva del Ejecutivo en materia presupuestal, financiera y tributaria. Esto ha generado tensiones internas, especialmente cuando la Oficialía Mayor ha rechazado iniciativas que intentaban sortear estas limitaciones. Además, la falta de experiencia técnica en las comisiones —con muchos grupos aún sin equipos completos— afecta la calidad y celeridad de los dictámenes, como evidencia el caso de la Comisión de Constitución, encabezada por Juntos por el Perú.
Contexto
Análisis: Esta “anemia” legislativa no es necesariamente negativa en todos los aspectos, pues actúa como una válvula de contención frente a la excesiva producción normativa del pasado unicameral. Sin embargo, en contextos de emergencia —como la crisis del hacinamiento penitenciario o la amenaza del Fenómeno El Niño—, la lentitud institucional pone en jaque la capacidad de respuesta del Estado. La falta de coordinación técnica y la rigidez reglamentaria están poniendo a prueba la eficacia del nuevo Congreso bicameral en su rol de contrapoder constructivo.
¿Qué sigue?
Se prevé que las presiones del Ejecutivo y la sociedad civil impulsen una revisión parcial del reglamento para agilizar trámites en temas prioritarios. No obstante, sin fortalecer la capacidad técnica de las comisiones y promover un diálogo más constructivo entre Poderes, el Congreso corre el riesgo de seguir operando como un obstáculo, no como un aliado estratégico para enfrentar los desafíos nacionales.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.