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English (United Kingdom) El proceso de cómputo de las elecciones regionales y municipales se arrastra sin plazos claros, con más de 1.900 actas pendientes en Lima y una demora que socava la legitimidad institucional.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) finalizó el procesamiento de las 26.351 actas de Lima Metropolitana, aunque solo el 92,7% ha sido contabilizado. Las 1.921 restantes fueron remitidas a los jurados electorales especiales, sin una fecha definida para su resolución. En este escenario, Renovación Popular y Avanza País se distancian por menos de un punto porcentual, lo que agrava la incertidumbre. Esta situación replica lo vivido en abril y junio: en la primera vuelta presidencial, el conteo se completó 33 días después de la votación; en el balotaje, 22 días. Ahora, en las elecciones subnacionales, volvemos a enfrentar un retraso que ya se ha convertido en patrón recurrente.
Dato clave: En Brasil, con una geografía mucho más extensa y casi medio millón de circunscripciones, los resultados presidenciales del último domingo se conocieron al completo a las 2:58 de la madrugada del lunes.
La lentitud electoral peruana contrasta fuertemente con los tiempos de países vecinos. Colombia, por ejemplo, ofreció los resultados de la primera vuelta en apenas dos horas y superó el 99% de actas contabilizadas antes de medianoche en el balotaje. En el Perú, la demora no solo afecta la transparencia, sino también la confianza ciudadana. El caso más emblemático es el de las municipales de 2022, cuando Rafael López Aliaga fue elegido alcalde de Callao el 2 de octubre, pero su proclamación se demoró hasta principios de noviembre: más de 30 días. Esta normalización de la demora no solo perjudica a los candidatos, sino que debilita la credibilidad del sistema democrático.
Contexto
La responsabilidad del retraso recae principalmente en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y sus jurados especiales, cuyos procedimientos para resolver actas observadas e impugnadas carecen de plazos definidos. Incluso un asesor de la entidad admitió que no pueden ofrecer una fecha precisa para resolver los recursos. Este vacío normativo permite que la lentitud se instale como práctica institucional, erosionando la percepción de eficacia del aparato electoral. Mientras más se dilatan los resultados, más se debilita la legitimidad del ganador y de las instituciones encargadas de certificarlos.
¿Qué sigue?
Es urgente establecer plazos perentorios para la resolución de actas impugnadas, incrementar el número de jurados y agilizar los procesos de impugnación. Además, la ONPE debe rendir cuentas sobre por qué sus sistemas, ya digitalizados desde hace años, no logran acelerar el cómputo. La sociedad no puede seguir tolerando que la demora se convierta en una costumbre aceptada. La próxima elección debe ser una oportunidad para romper este ciclo y restablecer la eficiencia como valor institucional.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.