La Presidenta Dina Boluarte prometió restablecer el orden con decisiones contundentes contra la delincuencia, pero a más de dos meses de su gobierno no se han materializado acciones concretas, solo anuncios futuros.
El 20 de setiembre, durante la ceremonia del Día de las Fuerzas Armadas —ya con más de 100 días en el cargo—, Boluarte anunció que “tomaríamos fuertes decisiones” para garantizar la paz. Dos semanas después, el 4 de octubre, confirmó la creación de un “comando unificado” integrado por 1,350 efectivos de las Fuerzas Armadas y la PNP, encargado de realizar operativos de búsqueda y captura, expulsión de extranjeros delincuentes y recuperación del control penitenciario. No obstante, hasta la fecha no se han difundido resultados tangibles ni se han publicado decretos o planes operativos específicos.
Dato clave: El comando unificado, anunciado el 4 de octubre, cuenta con 1,350 efectivos de las Fuerzas Armadas y la PNP, pero aún no ha mostrado operativos exitosos ni ha publicado protocolos operativos.
La falta de avances contrasta con la retórica firme de la Mandataria, quien incluso afirmó el 20 de setiembre que “los tiempos de la espera y la paciencia han terminado para siempre”. Esta contradicción entre discurso y acción genera escepticismo, especialmente si se considera que el anterior “cuarto de guerra” instalado por la gestión de Pedro Castillo —y mantenido brevemente por Boluarte— terminó siendo desactivado tras mostrar su ineficacia. Expertos en seguridad señalan que la criminalidad organizada —especialmente en extorsión, sicariato y tráfico de drogas— sigue expandiéndose sin contrapeso institucional claro.
Contexto
Análisis: La percepción de inseguridad en el Perú se ha agravado en los últimos meses, con cifras que reportan un aumento del 18% en casos de extorsión en Lima Metropolitana (según el último informe del Ministerio del Interior). La sociedad exige respuestas inmediatas, pero el Ejecutivo sigue posponiéndolas con promesas genéricas. Mientras tanto, la oposición y analistas cuestionan la capacidad de liderazgo del gabinete, especialmente de los ministros de Interior y Defensa, cuyos perfiles técnicos no han generado confianza en sectores críticos.
¿Qué sigue?
Se espera que en las próximas semanas se publiquen los decretos que regulen el funcionamiento del comando unificado y se anuncien operativos piloto en zonas de alta criminalidad. Sin embargo, sin transparencia en los criterios de intervención y sin resultados visibles en los próximos 30 días, la credibilidad del gobierno seguirá erosionándose.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.
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