Minería: ¿de qué sirve tanto, si no lo vamos a usar?

El Perú posee reservas mineras de primer orden mundial, pero su capacidad para atraer inversiones se ve amenazada por la inestabilidad institucional y la falta de predictibilidad normativa.

Según datos de KPMG Perú, el país cuenta con una cartera de proyectos mineros superior a los US$64.000 millones y ocupa posiciones destacadas en producción de cobre, plata, zinc y oro. El sector representa aproximadamente el 70% de las exportaciones nacionales, aporta significativamente a la recaudación tributaria y genera empleo directo e indirecto a gran escala. Recientemente, el ministro de Energía y Minas (Minem) reconoció que el crecimiento económico sostenido —en torno al 6%— no es realista sin una minería competitiva y atractiva para nuevos inversionistas.

Durante años, la riqueza geológica del país compensó deficiencias institucionales, atrayendo inversiones incluso bajo condiciones de mayor riesgo. Sin embargo, el escenario actual exige más que recursos naturales: los inversionistas comparan jurisdicciones basándose en estabilidad, predictibilidad, eficiencia en trámites y marco normativo claro. Países como Chile, Argentina y Namibia han fortalecido sus marcos regulatorios para ser más competitivos, mientras que en el Perú persisten decisiones administrativas inconsistentes, cambios normativos imprevistos y lentitud en la otorgación de permisos, lo que erosionan la confianza del capital internacional.

Contexto

La minería no es solo un sector económico, sino un pilar estratégico para el desarrollo nacional. Su estancamiento o desaceleración impacta directamente en el empleo, la recaudación fiscal y la balanza comercial. Aunque el Minem ha lanzado iniciativas para simplificar trámites, impulsar la exploración y modernizar el marco normativo, su ejecución aún es lenta. La sociedad exige mayor transparencia y participación, pero sin que eso se traduzca en paralización o incertidumbre. El desafío es equilibrar el consentimiento social con la eficiencia regulatoria, evitando que la legítima demanda de sostenibilidad se convierta en un obstáculo para la inversión productiva.

¿Qué sigue?

La ventana de oportunidad es real: la transición energética global y la digitalización incrementarán la demanda de minerales críticos en las próximas décadas. Sin embargo, los inversionistas no esperarán indefinidamente. El Perú debe acelerar reformas concretas: agilizar permisos, consolidar la seguridad jurídica, promover la exploración y fortalecer la capacidad técnica del Estado. Si no actúa con urgencia, su potencial seguirá siendo un recurso inalcanzable.

📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.