Monumentales retos y excelentes indicadores

El Latinobarómetro 2024 revela un pesimismo extremo entre los peruanos en temas clave como seguridad, corrupción y confianza en instituciones, posicionando al país en los últimos lugares de América Latina.

Según la más reciente edición de la encuesta regional, realizada antes del inicio del actual gobierno, el 67% de los peruanos considera que su país está perdiendo la batalla contra el narcotráfico y el crimen organizado, empatando con Chile y superando ampliamente el 6% que cree que se está avanzando. En materia de victimización, el 32% reporta haber sufrido algún delito en el último año,仅次于 Ecuador (37%). En lucha contra la corrupción, solo el 18% percibe avances, colocando al Perú en el último lugar de la región, incluso por debajo de Venezuela. La desconfianza en el uso de los impuestos alcanza el primer lugar entre los países encuestados, y la satisfacción con servicios públicos como educación (22%), hospitales (16%) y justicia (10%) se ubica entre las más bajas de la región.

Estos resultados reflejan una crisis de legitimidad institucional profundizada por décadas de inestabilidad política, debilidad del Estado de derecho y fallos recurrentes en la prestación de servicios básicos. La percepción negativa no responde únicamente a factores económicos, sino a una erosión estructural de la confianza ciudadana, especialmente en instituciones clave como la policía, el sistema judicial y la administración pública. La comparación con países como Venezuela o Ecuador —aunque también enfrentan crisis severas— subraya la gravedad del caso peruano, donde la fragmentación política y la falta de coherencia en políticas de seguridad y transparencia han impedido avances medibles.

Contexto

El Latinobarómetro, que lleva realizando encuestas desde 1995, sirve como termómetro de la salud democrática y social de la región. Para el Perú, los datos no solo evidencian un descontento latente, sino también una oportunidad crítica: cualquier gobierno que logre revertir estas tendencias en los próximos dos años podría generar un impacto positivo sin precedentes en la percepción ciudadana. Sin embargo, la persistencia de prácticas clientelares, la impunidad en casos de corrupción y la debilidad institucional seguirán obstaculizando cualquier avance significativo.

¿Qué sigue?

Los próximos meses serán determinantes para medir si las políticas del gobierno actual logran transformar estas percepciones. La implementación efectiva de reformas en seguridad ciudadana, transparencia y modernización del Estado será clave. Si no se actúa con决断, el desencanto podría traducirse en una mayor deserción democrática y un mayor apoyo a soluciones autoritarias.

📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.