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English (United Kingdom) El gobierno anuncia la creación de un comando unificado de seguridad, tras dos meses de creciente criminalidad y promesas incumplidas durante la transición. Es presentado como un primer paso, pero pendiente de detalles operativos y fechas concretas.
Tras dos meses de gestión, el Ejecutivo ha decidido implementar un comando unificado para combatir la inseguridad ciudadana, tras una serie de hechos violentos como el asesinato de cuatro personas y el secuestro de un empresario en Trujillo, y la detección de redes criminales operando desde penales como en Ancón I. El anuncio llega después de cambios en el liderazgo policial y la superación de una moción de censura al ministro del Interior.
Dato clave: El crimen organizado ha escalado su presencia en espacios públicos y carcelarios, con casos documentados en al menos dos regiones en lo que va de 2024.
La medida surge en un contexto de profunda desconfianza ciudadana: desde el primer día del nuevo gobierno, la inseguridad se consolidó como la principal preocupación de los peruanos, y el eslogan de campaña prometía “volver el orden”. Sin embargo, durante los últimos sesenta días, el Ejecutivo priorizó la delegación de facultades legislativas mientras los índices delictivos seguían en alza. Esto ha generado presión para que las acciones se traduzcan en resultados tangibles, más allá de estructuras administrativas.
Contexto
La operatividad de bandas criminales en Trujillo y Ancón I revela una capacidad de adaptación y penetración que supera las capacidades institucionales actuales. La fiscalía y el Poder Judicial enfrentan sobrecarga y limitaciones técnicas, mientras la policía requiere mayor coordinación interinstitucional. La sociedad exige respuestas inmediatas, especialmente tras los recientes crímenes que han generado conmoción nacional. La confianza en el Estado se erosiona a diario, y cada retraso en la implementación de soluciones concretas alimenta el descontento.
¿Qué sigue?
El éxito del comando dependerá de su transparencia operativa: se requiere claridad en su cadena de mando, presupuesto asignado, cronograma de arranque y mecanismos de rendición de cuentas. Si logra articularse con la fiscalía y el sistema judicial, podría revertir la tendencia; si no, será más ruido que acción. Los peruanos ya no aceptan excusas: quieren calles seguras y penales despojados del poder criminal.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.