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English (United Kingdom) El Congreso aprobó parcialmente la solicitud del Ejecutivo para dictar leyes por urgencia, pero descartó temas clave como simplificación administrativa, reforma del Estado y apoyo a la mype, generando críticas por una postura restrictiva.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó el jueves, por 13 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, la entrega de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, tras un intenso debate en el que se rechazó una propuesta de archivo total impulsada por Juntos por el Perú. El consenso, liderado por Renovación Popular, Ahora Nación, Obras y el Partido del Buen Gobierno, limitó la iniciativa a solo dos materias —seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño— y por un plazo reducido de 90 días, frente a los 66 puntos originales solicitados por el gobierno.
Dato clave: De los 66 puntos solicitados por el Ejecutivo, apenas 20 fueron aprobados, y solo dos temas —seguridad y El Niño— permanecen en la propuesta final.
La decisión refleja una negociación ajustada que excluyó iniciativas de alto impacto: la modernización del Estado digital —con cambios en trámites administrativos, firmas y credenciales electrónicas—; la meritocracia pública —basada en idoneidad y salidas voluntarias con incentivos—; el apoyo a la mype, clave en un contexto donde más del 80% del empleo es informal; la modernización aduanera para exportadores, urgente tras la entrada en vigor de normas europeas contra productos con trabajo forzoso; y el programa de vivienda de interés social con subsidios focalizados. Todos estos temas respondían a necesidades estructurales, no ideológicas, y su exclusión evidencia una postura conservadora en temas de reforma estatal y desarrollo económico.
Contexto
La bancada oficialista enfrenta una resistencia creciente dentro del propio Congreso, donde las mayorías son frágiles y los intereses sectoriales prevalecen sobre las prioridades nacionales. La Comisión de Constitución, tradicionalmente sensible a cuestiones de legalidad y formalidad, optó por un enfoque minimalista que, si bien evitó un revés total, debilita la capacidad del gobierno para actuar con celeridad en temas críticos. La oposición interna, sumada a la desconfianza hacia el uso de facultades legislativas, generó una dinámica que priorizó el control sobre la acción.
¿Qué sigue?
El Ejecutivo debe replantear su estrategia: presentar un nuevo pedido, más focalizado y consensuado, que incluya únicamente los temas no negociables —simplificación, meritocracia, mype, aduanas y agua— y buscar apoyos transversales. Esta es la oportunidad para demostrar que, incluso con una mayoría esquiva, es posible avanzar en lo esencial para el desarrollo del país.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.