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English (United Kingdom) La diputada Graciela Chipana, del partido Juntos por el Perú, enfrenta un juicio oral por presunta discriminación agravada contra un menor con trastorno del espectro autista ocurrido en 2025, cuando ejercía como docente en Moquegua.
Graciela Chipana, representante por Moquegua, está siendo juzgada por el Ministerio Público tras supuestamente impedir el ingreso de un niño con TEA a un aula de tres años del colegio estatal San Antonio de Padua en abril de 2025. Según la acusación, exigió a la familia contratar una “profesora sombra” —costo que no pudieron cubrir— y expresó que atender al menor le resultaba desgastante por sus dificultades de lenguaje. La Fiscalía pide condena penal e inhabilitación para cargos públicos, mientras su defensa asegura que sus palabras respondieron a preocupación pedagógica, no a discriminación.
Dato clave: La Fiscalía exige la inhabilitación de la parlamentaria para ejercer cargos públicos si resulta condenada por discriminación agravada.
El caso reviste relevancia por tratarse de un procedimiento judicial contra una parlamentaria en ejercicio, lo que pone en el centro el acceso equitativo a la educación inclusiva en instituciones estatales. Los hechos ocurrieron durante su labor docente previa a su elección como congresista, lo que ha generado debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en la aplicación de normas antidiscriminatorias. El padre del menor ha reiterado su compromiso con la causa para impulsar políticas que garanticen derechos igualitarios en el sistema educativo.
Contexto
En Perú, la Ley N.° 29984 garantiza la educación inclusiva para personas con discapacidad, pero su implementación enfrenta barreras estructurales, como la falta de formación docente y recursos adaptados. El caso de Chipana ocurre en un escenario donde solo el 38% de los docentes en aulas regulares han recibido capacitación en educación inclusiva, según datos del Ministerio de Educación. Organismos internacionales como la ONU han reiterado su preocupación por las barreras que enfrentan los niños con TEA en el acceso a la educación ordinaria en el país.
¿Qué sigue?
El juicio oral continuará con la presentación de pruebas y testimonios, y la sentencia podría tardar entre tres y seis meses. Si se confirma la condena, Chipana perdería su curul de forma automática, según lo establecido en la Ley Orgánica de Regímenes de Incompatibilidades. El caso podría servir como precedente para fortalecer la aplicación de la normativa antidiscriminatoria en el ámbito educativo.
📰 Publicado originalmente en Diario Gestión. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.