Crimen organizado ahora es visto como “economías ilegales armadas en Perú”

Cinco asesinatos en 48 horas en Lima y Callao, bajo estado de emergencia, evidencian la expansión de redes criminales que operan como «economías ilegales armadas», exigiendo una respuesta multisectorial.

En las últimas 48 horas se registraron cinco homicidios en Lima y el Callao, pese al estado de emergencia decretado para combatir la inseguridad, según el VII Foro de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). David Ojeda, jefe de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena), advirtió que el crimen organizado ya no debe abordarse como un asunto exclusivamente policial, sino como estructuras que combinan actividades ilícitas —como minería ilegal, narcotráfico y trata de personas— con uso de armamento para controlar territorios y obtener rentas. Ojeda señaló que remanentes de Sendero Luminoso en el VRAEM han mutado para proteger el tráfico de drogas, dificultando su distinción del crimen organizado, mientras que en Pataz (La Libertad) la minería ilegal se ha internacionalizado, afectando el mercado del oro y la imagen del país.

La situación exige una coordinación interinstitucional que involucre a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, organismos de inteligencia y el sector privado. José Luis Gil, exdirector de Inteligencia del Ministerio del Interior, destacó que las redes criminales buscan no solo recursos económicos, sino también acceso a espacios de poder político, con infiltraciones comprobadas en el Congreso, gobiernos regionales y municipalidades. Hernán Couturier, embajador en retiro del sistema de inteligencia nacional, agregó que estas organizaciones operan también en economías informales para lavar capitales con menor trazabilidad, lo que subraya la urgencia de fortalecer los mecanismos de control en exportaciones e importaciones.

Contexto

Análisis: Los expertos coinciden en que la respuesta actual es insuficiente ante la sofisticación de las redes criminales, que han construido cadenas económicas resilientes. La crisis carcelaria —con alto hacinamiento— limita la efectividad del sistema judicial, mientras que la ciberseguridad se erige como un nuevo frente crítico. Gil propone una auditoría integral del sistema de inteligencia nacional para redefinir prioridades y capacidades. Couturier subrayó la necesidad de rastrear los flujos financieros ilícitos y cerrar brechas regulatorias en el comercio internacional.

¿Qué sigue?

Se prevé la conformación de una mesa técnica multisectorial para diseñar una estrategia integral que abarque desde la prevención hasta la persecución penal, con enfoque en financiamiento, transporte y comercialización de productos ilícitos. Las autoridades evalúan fortalecer la cooperación internacional y modernizar los sistemas de inteligencia, mientras el Congreso analiza iniciativas legislativas para endurecer penas por delitos vinculados al crimen organizado transnacional.

📰 Publicado originalmente en Diario Gestión. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.