Español 
English (United Kingdom) La Comisión de Acusaciones Constitucionales aprobó remitir al Pleno el informe contra Castillo y Ayala, cuyo vencimiento del fuero especial ocurre el 15 de noviembre, tras más de cinco años desde su retiro del Ministerio de Defensa.
El expediente, presentado por la exfiscal Patricia Benavides, acusa al expresidente Pedro Castillo y al exministro Walter Ayala por presuntos delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal, cohecho, tráfico de influencias y organización criminal. La comisión, por unanimidad, recomendó acusar a Ayala por patrocinio ilegal, abuso de autoridad, cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado, al considerar que utilizó su cargo para gestionar intereses ilícitos en beneficio de terceros. En tanto, se propone archivar la imputación por organización criminal al no acreditarse una estructura delictiva paralela al Estado. Asimismo, se recomienda levantar el fuero de ambos para que la Fiscalía pueda proseguir con las investigaciones.
Dato clave: El plazo para tramitar la denuncia vence el 15 de noviembre, tras transcurrir los cinco años de prerrogativa funcional que gozó Ayala tras su salida del Ministerio de Defensa.
El caso se origina en denuncias sobre supuestas gestiones irregularidades durante la gestión de Ayala en el Ministerio de Defensa (2020–2021), particularmente en procesos de adquisición de insumos médicos y equipamiento para la lucha contra la pandemia. La comisión evaluó más de 300 folios de prueba, incluyendo informes técnicos, declaraciones testificales y documentos administrativos. La decisión de la comisión refleja la urgencia de actuar antes de que expire la ventana constitucional para el procedimiento parlamentario, un plazo que marca un hito en la rendición de cuentas de altos funcionarios.
Contexto
Este caso se inscribe en el marco de las investigaciones vinculadas a la operación *Casa de Papel*, que investiga presuntas irregularidades en compras de insumos médicos durante la gestión de Walter Ayala. La denuncia se suma a otras dos ya presentadas contra Castillo en el Congreso, lo que evidencia la intensificación de los procesos de responsabilidad política tras el fin de su presidencia. Organismos internacionales y expertos en derecho constitucional han señalado que la tramitación oportuna de estas acusaciones es clave para fortalecer la confianza institucional y el Estado de derecho.
¿Qué sigue?
El próximo paso corresponde al Pleno de la Cámara de Diputados, donde se abrirá el debate y se someterá a votación el informe final. Si el Pleno aprueba la acusación, se elevará al Senado para su revisión y, eventualmente, al Tribunal Constitucional si se impugna. La decisión final podría tener implicancias no solo para la responsabilidad penal de los acusados, sino también para la credibilidad del propio Congreso en su función de control.
📰 Publicado originalmente en Diario Gestión. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.