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English (United Kingdom) El JNE aclaró que el fallo del Quinto Juzgado Constitucional no anula resultados ni ordena elecciones complementarias, pese a reconocer deficiencias en la logística electoral de la primera vuelta 2026.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió un comunicado precisando que la resolución del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, emitida en el marco de una demanda presentada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, solo declaró fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar y declaró sustraída la pretensión principal relacionada con elecciones complementarias. El pronunciamiento judicial, relacionado con las demoras en la distribución de material electoral durante la primera vuelta de las Elecciones Generales del 11 de abril de 2026, no invalida los resultados ni exige nuevos comicios, según el organismo electoral.
Dato clave: El juzgado determinó que Reggiardo carecía de habilitación legal para representar judicialmente a ciudadanos en defensa de derechos fundamentales individuales, como el sufragio.
La controversia surgió tras las dificultades logísticas registradas el día de la votación, cuando múltiples mesas receptoras de votación no pudieron abrir a tiempo debido a la tardía llegada de material electoral. Reggiardo, quien presentó la demanda en representación de ciudadanos, calificó el fallo como favorable y reiteró sus observaciones sobre la gestión del proceso. No obstante, el JNE enfatizó que la decisión judicial no implica un pronunciamiento sobre el fondo del asunto ni constituye una condena al organismo electoral, sino que se limita a cuestiones procesales. El organismo recordó que la Procuraduría Pública del JNE evaluó internamente la viabilidad de interponer recursos de apelación, en ejercicio de su autonomía funcional.
Contexto
La decisión judicial ha reavivado el debate sobre la gobernanza electoral y la capacidad institucional para garantizar la eficiencia en los procesos de sufragio. Expertos en derecho electoral señalan que, aunque el fallo no afecta directamente los resultados, sí evidencia debilidades estructurales en la logística del JNE, especialmente en la coordinación con gobiernos regionales y locales para la distribución oportuna de insumos. La oposición política ha exigido transparencia en las investigaciones internas que ya inició el JNE, mientras que sectores afines al gobierno han cuestionado la legitimidad de que un alcalde interviniera en asuntos de titularidad individual de los ciudadanos. El tema gana relevancia a la luz de las elecciones regionales y municipales programadas para el 2026, donde la confianza en la administración electoral será clave para la aceptación de los resultados.
¿Qué sigue?
La Procuraduría Pública del JNE decidirá en los próximos días si impugna la resolución ante la Corte Superior de Justicia de Lima. Paralelamente, el organismo electoral reforzará los protocolos de logística electoral para los comicios subnacionales, con énfasis en la coordinación interinstitucional y la capacitación de funcionarios en regiones. Esta situación reafirma la necesidad de una reforma legislativa que esclarezca los alcances de la legitimación activa en materia electoral, evitando futuras ambigüedades procesales.
📰 Publicado originalmente en Diario Gestión. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.