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English (United Kingdom) Más de 15,000 proyectos municipales en Perú permanecen sin ejecutar, concentrando S/ 6,990 millones de inversión pública, según un estudio del CPC.
Al cierre de agosto, los gobiernos locales habían ejecutado apenas S/ 15,500 millones de los S/ 33,000 millones asignados para inversión, lo que representa menos del 47% del total. De un portafolio de 43,000 proyectos, 15,343 —el 35%— registran ejecución cero, con recursos asignados por S/ 6,990 millones, según informó Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad (CPC).
Dato clave: 15,343 proyectos municipales con ejecución cero equivalen a casi la mitad de la cartera total y concentran S/ 6,990 millones sin ejecutar.
La baja ejecución refleja desafíos estructurales en la planificación, gestión y seguimiento de las inversiones por parte de las municipalidades. Cubas destacó que la incorporación constante de nuevos proyectos durante el año dispersa recursos y capacidades, mientras que Juan Carlos Odar, economista de la Universidad del Pacífico, advirtió que una ejecución nula no implica necesariamente ineficiencia: podría tratarse de iniciativas que, tras evaluación, se determinó no debían ejecutarse. Odar insistió en que lo relevante es evaluar si los recursos atendieron brechas reales y beneficiaron a la población adecuada.
Contexto
La distribución de recursos no siempre responde a las necesidades territoriales, ya que parte de los fondos proviene de mecanismos predeterminados como el canon y transferencias constitucionales. Además, Odar señaló que existe una cultura de visibilidad en el anuncio de obras —como la ceremonia de la “primera piedra”—, pero un déficit en el seguimiento continuo que permita verificar plazos, costos y resultados. Esto genera una dinámica en la que nuevos proyectos se anuncian mientras otros siguen estancados, erosionando la confianza ciudadana y la eficacia del gasto público.
¿Qué sigue?
Las autoridades locales deben fortalecer sus capacidades técnicas en planificación y gestión, así como implementar sistemas de monitoreo que garanticen transparencia y rendición de cuentas. El enfoque debe pasar de medir la ejecución presupuestal a evaluar el impacto real de las inversiones en las condiciones de vida de la población. Un sistema más riguroso permitiría identificar qué proyectos sí requieren impulso y cuáles deben cancelarse, optimizando así el uso de recursos limitados.
📰 Publicado originalmente en Diario Gestión. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.