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English (United Kingdom) La CGR reportó 265 riesgos en 52 cárceles del país, destacando la escasez de personal, armamento y equipos de seguridad, especialmente en establecimientos de Lima.
Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) a 52 establecimientos penitenciarios identificó 265 situaciones adversas que comprometen la seguridad integral de los cerca de 90 000 internos. El mayor número de hallazgos se concentra en cárceles de Lima, con problemas recurrentes en dotación de personal (81 casos), armamento, equipamiento táctico y comunicaciones en puestos de vigilancia. Asimismo, 229 agentes tienen licencias vencidas para portar armas, 200 de ellos en Miguel Castro Castro.
Dato clave: En 43 de los 52 penales supervisados, las cámaras de videovigilancia están inoperativas, generando 51 situaciones adversas.
La falta de personal impide cubrir torreones, perímetros, videovigilancia y traslados de internos, afectando la respuesta ante emergencias. Además, en 43 establecimientos no funcionan cámaras de seguridad, y en 43 también hay deficiencias en equipos tecnológicos para controlar accesos: Rayos X, detectores de metales, escáneres y sistemas biométricos están ausentes o en mal estado. En Chimbote y Callao, la inspección de visitantes se realiza únicamente de forma manual. Estas deficiencias incrementan el riesgo de ingreso de armas, celulares y drogas, y exponen a personal, internos y visitantes.
Contexto
La situación refleja una crisis estructural en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), cuya capacidad operativa ha sido cuestionada por años. La sobrepoblación carcelaria (más del doble de la capacidad oficial en algunos recintos), sumada a la falta de modernización tecnológica y capacitación del personal, agrava los riesgos de violencia interna y fuga de reos. La Contraloría ya había alertado en informes anteriores sobre debilidades en la gestión de seguridad, pero los hallazgos recientes evidencian una persistencia de estas fallas, incluso tras promesas de reforma del Estado.
¿Qué sigue?
La CGR emitirá recomendaciones específicas para cada establecimiento y exigirá planes de mejora al INPE. Se prevé que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos active protocolos de emergencia, incluyendo reforzamiento de dotaciones y adquisición urgente de equipos de seguridad. Sin embargo, sin una estrategia integral y recursos sostenibles, los avances serán limitados.
📰 Publicado originalmente en Diario Gestión. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.