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English (United Kingdom) El Poder Judicial solicita al Congreso reponer S/37.3 millones recortados de su presupuesto 2027, tras consensuar un monto de S/4,276 millones con el Ejecutivo.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, expuso hoy ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso la solicitud presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2027. Según su presentación, el Ejecutivo presentó al Legislativo un monto inferior en S/37,362,546 al acordado (S/4,276,514,920), lo que obliga a la institución a pedir su reposición. Además, Tello Gilardi propuso una demanda adicional de S/5,466,075,601 para cubrir necesidades estructurales, y S/6,552,000 para la Academia de la Magistratura.
Dato clave: El Poder Judicial enfrenta una brecha del 20% en magistrados titulares y una creciente carga procesal que exige más recursos y personal capacitado.
En su exposición, la titular judicial destacó la urgencia de cerrar brechas operativas: insuficiencia de jueces, sobrecarga procesal, y necesidad de modernizar registros virtuales de expedientes y fortalecer regímenes laborales homologados. También enfatizó la importancia de ampliar el acceso a la justicia en zonas remotas como Condorcanqui (Amazonas), mediante justicia itinerante y ferias jurídicas, diferenciándolas de mecanismos comunitarios como la justicia de paz o las rondas. Asimismo, mencionó iniciativas como la oralidad en procesos civiles y de familia, y la integración de la Función de Integridad en la gestión judicial para mejorar la calidad de las resoluciones y aplicar el enfoque de interseccionalidad.
Contexto
La solicitud se enmarca en el debate presupuestal para 2027, donde el Poder Judicial busca reforzar su autonomía y capacidad operativa frente a desafíos como la inseguridad ciudadana y la desconfianza institucional. Tello Gilardi reafirmó la independencia de la judicatura, destacando que, aunque las decisiones judiciales no son infalibles y se asumen errores, no se opera bajo intereses políticos. La institución también abogó por fortalecer unidades de flagrancia —40 hasta septiembre del año anterior— como respuesta a la delincuencia, lo que requiere mayor inversión y compromiso político.
¿Qué sigue?
El Congreso deberá evaluar la propuesta durante las sesiones de aprobación del Presupuesto Público 2027. La Comisión Bicameral analizará las justificaciones técnicas y financieras antes de emitir un dictamen. La institución judicial espera una respuesta progresiva a sus requerimientos, con el objetivo de garantizar el acceso efectivo a la justicia y la sostenibilidad del sistema procesal.
📰 Publicado originalmente en Diario Gestión. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.