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English (United Kingdom) El Poder Judicial ha impuesto condenas severas por extorsión, incluyendo cadena perpetua y penas superiores a los 20 años, mediante unidades de flagrancia especializadas que operan en siete regiones del país.
En los últimos dos años, las unidades de flagrancia dictaron sentencias con penas privativas de libertad de hasta 35 años por robo agravado y cadena perpetua por extorsión, como ocurrió en la Corte Superior de La Libertad. En Piura se aplicaron condenas de 18 y 26 años; en Lima Norte, 24 años; y en Sullana, 16 años. De enero a septiembre de 2026 se registraron 115 casos de extorsión ante este sistema, frente a los 78 del año anterior, lo que suma 193 procesos en total bajo este modelo.
Dato clave: El Poder Judicial proyecta convertir nueve unidades piloto en modelo para finales de 2026, elevando el total nacional a 24 unidades articuladas.
Este modelo, implementado en cortes de Lima Norte, Piura, Tumbes, La Libertad, Lima Este, Tacna y Sullana, no solo agiliza los procesos, sino que también permite sanciones drásticas por delitos graves como violación sexual de menores, fabricación y tenencia ilegal de armas, hurto agravado y homicidio en grado de tentativa. Según Edman Rodríguez Vásquez, secretario técnico de la Comisión de Implementación, la extorsión, el robo agravado y la violación sexual de menores son los tres delitos con mayor severidad en las condenas dictadas.
Contexto
La eficacia de las unidades de flagrancia se ha consolidado tras superar desafíos iniciales de coordinación interinstitucional. Su éxito se refleja en la reducción del tiempo procesal y en la confianza ciudadana creciente, según informes oficiales. No obstante, se requiere un incremento presupuestal significativo: S/ 652,839,560 para cubrir las necesidades del Poder Judicial, la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público. La actualización del Plan de Implementación al 2028, aprobada en la última reunión del Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, refuerza el compromiso con la justicia rápida y territorialmente equitativa.
¿Qué sigue?
La meta es operativizar las nuevas unidades modelo en Lima Centro, Lima Sur, Callao, Puente Piedra-Ventanilla, Amazonas, San Martín, Puno, Madre de Dios y Loreto antes de fin de año. Este despliegue se hará con base en prioridades geográficas y programación anual, y exige la conformación de equipos técnicos institucionales en 15 días. La expansión representa un hito en la modernización del sistema judicial peruano.
📰 Publicado originalmente en Diario Gestión. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.