Campañas del “No a la Revocatoria” y Reelección Municipal: Caso contra Susana Villarán se encamina a los diez años sin sentencia

El proceso judicial contra la exalcaldesa Susana Villarán por presunto financiamiento ilícito de sus campañas alcanzará los diez años sin resolución definitiva, pese a los reconocimientos de responsabilidad.

La fiscalía acusa a Villarán de la Puente de liderar una organización criminal que operó en la Municipalidad de Lima entre 2011 y 2015, recibiendo más de US$11 millones de las empresas Odebrecht y OAS para financiar sus campañas del «No a la Revocatoria» (2013) y su reelección (2014). El Ministerio Público inició la investigación en septiembre de 2017, tras la declaración de Jorge Barata, y formalizó la preparatoria en julio de 2018. Tras un extenso proceso, el juicio oral comenzó en septiembre de 2025 contra 21 personas naturales y 10 personas jurídicas; actualmente, dos acusados han fallecido, incluido José Miguel Castro, su colaborador clave y exgerente municipal, quien se había acogido a colaboración eficaz y fue hallado sin vida en junio de 2025.

El caso se enmarca en la investigación del Caso Lava Jato y revela una estructura criminal que operaba mediante sociedades frontales como «Asociación Amigos de Lima Metropolitana» y «Empresa Rentable S.A.C.» para lavar recursos y canalizar sobornos. Villarán reconoció públicamente haber recibido dinero de empresas brasileñas vinculadas al escándalo, aunque ha mantenido su inocencia respecto a la presunta organización criminal. La demora procesal —ya superada la década sin sentencia— ha generado críticas sobre la eficiencia del sistema judicial peruano en casos de corrupción de alto perfil.

Contexto

Este proceso se convirtió en un termómetro de la lucha contra la corrupción en el Perú, especialmente tras la aprobación del sistema de justicia transicional y la colaboración eficaz. La muerte de José Miguel Castro, considerado el cerebro operativo de la red, generó incertidumbre sobre la continuidad de la prueba testimonial. Organismos internacionales han reiterado su preocupación por los retrasos en procesos contra funcionarios de alto rango, lo que socava la confianza en las instituciones.

¿Qué sigue?

Con el juicio oral en curso, el tribunal debe evaluar más de 200 testimonios, peritajes contables y documentos extrajudiciales. Se prevé que la sentencia se emita a mediados de 2026, aunque plazos anteriores ya se han extendido. La duración del proceso refuerza el debate sobre reformas al Código Procesal Penal para agilizar causas complejas de corrupción.

📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.