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English (United Kingdom) En plena campaña electoral, más de 8,400 condenados presentaron solicitudes de indulto o gracia presidencial en lo que va del 2026, superando con creces los 437 pedidos registrados en todo 2025.
La cifra récord incluye figuras públicas como Gregorio Santos —exgobernador de Cajamarca condenado a 19 años por corrupción—, William Trickett Smith II —“El asesino de la maleta”, con 31 años de prisión— y Fernando Zevallos —“El lunarejo”, condenado por narcotráfico——, entre otros. También están en trámite los pedidos de Abencia Meza, Walter Aduviri, Gerardo Viñas Dioses y hasta tres de Pedro Castillo, todos rechazados hasta ahora. Además, 15 condenados por terrorismo, dos por armamento químico y más de 20 por lavado de activos también buscan el beneficio.
Dato clave: Entre enero y agosto de 2026 se recibieron 8,400 solicitudes de indulto, contra solo 437 en todo 2025 —un aumento del 1.890% en ocho meses.
La Comisión de Gracias Presidenciales enfrenta una presión sin precedentes, con casos de alta visibilidad mediática y delicuencia compleja. Aunque la Constitución permite estos beneficios en situaciones excepcionales —como gravedad en la salud, edad avanzada o conducta ejemplar—, la avalancha de solicitudes, especialmente de condenados por delitos graves, ha generado críticas y desconfianza ciudadana. Algunos abogados, como los de Santos y Meza, negaron haber gestionado los trámites, lo que sugiere posibles gestiones externas o incluso fraudes. La falta de transparencia en los criterios de evaluación y los plazos de respuesta ha alimentado la sospesta de que estos pedidos responden más a estrategias políticas que a méritos humanitarios.
Contexto
El fenómeno coincide con el inicio de la campaña para las elecciones generales de 2026, lo que ha generado sospechas sobre posibles acuerdos tras bambalinas o presiones encubiertas. La Ley N° 30737, que regula la gracia presidencial, exige que los solicitantes hayan cumplido al menos una tercera parte de su condena y no estén en proceso de apelación. Sin embargo, la alta cantidad de pedidos pendientes —y la lentitud en los procesos— pone a prueba la eficiencia del sistema y la credibilidad del Ejecutivo. Organismos como la Defensoría del Pueblo han reiterado su preocupación por el uso instrumental de este mecanismo en contextos electorales.
¿Qué sigue?
La Comisión de Gracias Presidenciales debe emitir informes técnicos sobre cada solicitud, pero no ha dado plazos claros para resolver los casos. Se espera que las decisiones se anuncien en lotes a partir de septiembre, aunque la presión mediática y política podría influir en los criterios de aprobación. Mientras tanto, el debate sobre la reforma a la norma de indultos vuelve a tomar fuerza en el Congreso, con propuestas que buscan restringir su aplicación en delitos graves.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.