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English (United Kingdom) Ochenta y nueve congresistas postulan a la reelección en 2026; un análisis revela que cero de ellos declaró familiares con contratos estatales en el período 2021-2025.
Según un estudio de El Comercio basado en Declaraciones Juradas de Intereses y registros públicos, de los 89 parlamentarios que buscan continuar en el Congreso, ninguno registró a familiares de primer o segundo grado en contratos o órdenes de servicio con el Estado entre el 28 de julio de 2021 y el 21 de abril de 2025, período en vigor de la Ley N.º 30225. El análisis contrastó dicha información con datos de SUNAT y la OSCE, y consideró únicamente los vínculos familiares alcanzados por la normativa vigente en ese lapso.
Dato clave: Aunque se identificaron contratos con familiares de tercer y cuarto grado por más de S/ 30 millones, en el ámbito legalmente analizado (hasta segundo grado) no se halló ninguna contratación registrada.
El estudio se enfoca en la transparencia legislativa y la aplicación de la normativa antipeculato, que durante el período evaluado prohibía la contratación estatal con padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, suegros, yernos, nueras y cuñados. La normativa fue modificada posteriormente por la Ley N.º 32069, ampliando el alcance de prohibición. El análisis descriptivo, sin valoración legal, destaca que los montos totales reportados en contrataciones con familiares declarados alcanzaron los S/ 40 millones, aunque la mayoría correspondió a grados fuera del ámbito de la Ley N.º 30225.
Contexto
Este análisis se enmarca en el creciente escrutinio ciudadano sobre la integridad de los legisladores, especialmente tras casos previos de contrataciones cuestionadas. La Ley N.º 30225 fue aprobada en 2014 y endurecida posteriormente para cerrar lagunas que permitían la intervención familiar en procesos estatales. La ausencia de contratos con familiares cercanos entre los reelectores potenciales podría reflejar una mayor cautela tras las reformas, o bien una mejora en la transparencia de los procesos de declaración.
¿Qué sigue?
Los ciudadanos podrán contrastar esta información en las próximas campañas electorales, donde la rendición de cuentas sobre vínculos familiares y contrataciones será un tema sensible. La OSCE y organizaciones de la sociedad civil reforzarán su monitoreo durante el proceso electoral 2026, con énfasis en la transparencia de las DJI actualizadas por los candidatos.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.