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English (United Kingdom) La diputada Graciela Chipana, de Juntos por el Perú, fue rechazada en su intento por archivar el juicio por discriminación agravada contra un menor con TEA en Moquegua.
La parlamentaria, quien preside la Comisión de Constitución en el Congreso, enfrenta un proceso oral desde 2025 por negar la matrícula de un niño de tres años con trastorno del espectro autista y exigir la contratación de una maestra “sombra”. El Juzgado de Investigación Preparatoria de Moquegua negó su recurso de improcedencia, al considerar que no se cuestionó la existencia de los hechos, y el Ministerio Público pide 2 años y 4 meses de prisión, inhabilitación y S/2,000 de reparación civil.
Dato clave: El Ministerio Público pide 2 años y 4 meses de prisión, inhabilitación para cargos públicos y S/2,000 de reparación civil.
Chipana, entonces docente en la Institución Educativa Inicial Pública Nº 265 «San Antonio de Padua», habría utilizado expresiones despectivas como «este tipo de niño» y se opuso a la inclusión del menor en el aula de 03 años, argumentando que no contaba con los recursos para su atención. Su defensa sostuvo que los hechos no configuraban delito, ya que no se acreditó afectación psicológica al menor ni su responsabilidad directa en la matrícula. Sin embargo, la Fiscalía y el Poder Judicial consideraron que los actos cumplieron con los elementos del tipo penal de discriminación agravada.
Contexto
El caso reviste relevancia nacional por su enfoque en derechos de niños con discapacidad y el rol de funcionarias públicas en la garantía de la inclusión educativa. La norma peruana, alineada con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, exige la atención educativa inclusiva sin restricciones injustificadas. El caso también pone en debate la responsabilidad de parlamentarios en hechos presuntamente ilícitos cometidos antes de su elección, especialmente cuando ocupan cargos clave como la Comisión de Constitución.
¿Qué sigue?
El juicio oral proseguirá en los próximos meses, con audiencias para la presentación de pruebas y testimonios. El fallo podría tener implicancias institucionales, no solo para la parlamentaria, sino también para la gestión de políticas educativas inclusivas en el país. Queda pendiente una definición judicial que establezca un precedente sobre los límites entre la autonomía docente y el deber estatal de garantizar la no discriminación.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.