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English (United Kingdom) El Ministerio de Justicia y Proinversión suscribieron una alianza para financiar, construir y gestionar nuevos centros penitenciarios mediante Obras por Impuestos y asociaciones público-privadas, con el objetivo de reducir el severo hacinamiento en cárceles peruanas.
El acuerdo, firmado el 2 de octubre por el ministro Álvarez Miranda y el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio Castro, establece la ejecución conjunta de proyectos de infraestructura carcelaria bajo modalidades técnicas como Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos, con financiamiento privado canalizado a través del mecanismo de Obras por Impuestos.
Dato clave: La iniciativa incluye un programa especializado de capacitación técnica para el personal del Ministerio de Justicia, con el fin de fortalecer sus capacidades para evaluar y gestionar los nuevos proyectos de inversión penitenciaria.
La alianza responde a una crisis estructural en el sistema penitenciario peruano, donde la sobrepoblación carcelaria supera con creces la capacidad instalada, generando condiciones inhumanas y facilitando la operación de redes delictivas. La propuesta busca no solo ampliar la infraestructura, sino también integrar programas de resocialización que garanticen una reinserción social efectiva a los reclusos que cumplan sus sanciones, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.
Contexto
El sector justicia enfrenta una presión creciente por la demora judicial y la sobrecarga carcelaria, con más del 60% de las cárceles operando por encima de su capacidad máxima. Organismos como la CIDH han reiterado llamados al Estado peruano para atender esta problemática. La alianza con Proinversión representa un giro estratégico hacia la movilización de capital privado para soluciones de largo plazo, aunque ha generado debates sobre la participación del sector privado en infraestructura penitenciaria y su impacto en la gestión pública.
¿Qué sigue?
Las mesas de trabajo permanente ya están operativas para coordinar la ejecución de los primeros proyectos, con enfoque en la optimización de recursos públicos y privados. Se prevé que los primeros centros penitenciarios bajo este modelo comiencen su construcción en 2025, priorizando zonas con mayor déficit infraestructural. La iniciativa busca establecer un estándar nacional de calidad en infraestructura carcelaria, alineada con estándares internacionales de dignidad humana.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.