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English (United Kingdom) El Poder Judicial archivó definitivamente el proceso contra PPK por lavado de activos, levantando el impedimento de salida del país y anulando sus antecedentes relacionados al caso.
El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada confirmó el 3 de septiembre la resolución de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, emitida el 20 de agosto, que ordenó el archivo del expediente por presunta recepción de aportes ilícitos en la campaña del 2011. La medida restrictiva de no salir del país, impuesta en junio de 2023 con una duración de 18 meses, quedó sin efecto tras la ejecutoria de la resolución, ya que no se interpusieron recursos de apelación ni revisión dentro del plazo legal de 10 días.
Dato clave: El proceso se archivó tras declarar fundada la excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa técnica de Kuczynski Godard.
Kuczynski fue investigado por cuatro supuestos hechos: uso de pitufeo, registro de falsos aportantes, ingreso de dinero ilícito mediante recaudación y préstamos al partido Peruanos por el Kambio. La Fiscalía lo vinculó a una organización criminal, lo que motivó la medida cautelar. Sin embargo, la Sala de Apelaciones consideró que no existían elementos suficientes para sostener la acción penal, lo que derivó en el cierre definitivo del caso.
Contexto
Esta decisión refuerza la tendencia reciente de la justicia peruana a revisar procesos vinculados a la operación Lava Jato, especialmente aquellos que involucran a exmandatarios. Aunque el archivo del proceso elimina su responsabilidad penal en este caso, el ex presidente sigue bajo investigación en otros dos expedientes: el caso Westfield Capital e IIRSA Norte, donde la fiscalía pidió 35 años de prisión, y el caso Trasvase de Olmos, vinculado a presunto favorecimiento a Odebrecht. La comunidad jurídica observa con atención si estas decisiones reflejan un endurecimiento o una mayor exigencia probatoria en causas complejas.
¿Qué sigue?
PPK deberá enfrentar los procesos pendientes, cuyos resultados podrían tener un impacto significativo en su trayectoria política y jurídica. Mientras tanto, su rehabilitación legal en este caso le permite reanudar libremente sus actividades internacionales, lo que podría reactivar su participación en escenarios públicos. La justicia seguirá evaluando la suficiencia de las pruebas en los restantes procesos, donde la fiscalía mantiene posturas firmes de acusación.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.