El Congreso enfrenta un estancamiento legislativo por la falta de mecanismos claros para conciliar diferencias entre Cámaras, lo que ha retrasado decisiones clave y reabre el debate sobre modernizar su reglamento.
Ante la ausencia de un procedimiento institucional para resolver desacuerdos entre la Cámara de Diputados y el Senado, el diputado Edwin Espinoza (Partido del Buen Gobierno) envió una solicitud formal al presidente del Senado, Miguel Torres, para convocar una conferencia parlamentaria. Hasta la fecha, no ha habido respuesta a dicha petición, a pesar de que Torres, al presidir ambas instituciones, es el responsable de emitir la convocatoria. El reglamento del Congreso, en su artículo 85, sí contempla las conferencias entre cámaras como una “técnica de coordinación” para asuntos de interés del Estado, pero su uso no es obligatorio ni está regulado en profundidad para resolver bloqueos específicos.
Dato clave: El sistema bicameral establecido por la Constitución de 1979 sí incluía mecanismos de conciliación entre Cámaras, pero el actual diseño parlamentario, vigente desde 2020, carece de ellos.
La situación se produce en un contexto de alta tensión política, donde el fujimorismo intenta dirimir dudas sobre la facultad del Senado para modificar proyectos de ley mediante una opinión consultiva en la Comisión de Constitución —una vía que, según analistas, carece de solidez jurídica y legitimidad en un escenario de bancadas fragmentadas. Expertos señalan que la ausencia de un protocolo claro para resolver conflictos entre Cámaras debilita la eficacia legislativa y pone en riesgo la gobernabilidad.
Contexto
Análisis: La falta de un mecanismo institucional para conciliar posiciones entre Cámaras es una brecha estructural heredada de la transición del Congreso unicameral a la bicameralidad. Países como Argentina, Brasil, Chile y Colombia cuentan con comités de conciliación o conferencias permanentes que agilizan la aprobación de leyes. En el Perú, en cambio, cada diferencia se convierte en un obstáculo político, lo que retrasa agendas prioritarias y alimenta la desconfianza ciudadana. La oposición y sectores técnicos del Legislativo exigen una reforma reglamentaria urgente para evitar que futuros proyectos queden estancados por cuestiones procedimentales.
¿Qué sigue?
La presión crece para que Miguel Torres responda a la solicitud de Espinoza y declare abierta la posibilidad de una conferencia parlamentaria. Si no se actúa en los próximos días, se anticipa una nueva parálisis legislativa que afectaría proyectos clave. Analystas coinciden en que este episodio debe servir para impulsar una discusión seria sobre la modernización del reglamento del Congreso, incorporando buenas prácticas de otros países bicamerales.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.
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