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English (United Kingdom) El expresidente Donald Trump impulsó la imposición del término “superinteligencia” para referirse a la IA, advirtiendo que quien no lo adopte será considerado “enemigo”, y firmó un decreto para su uso en el sector público.
El exmandatario estadounidense anunció el cambio de nomenclatura el jueves mediante su red Truth Social, tras haberlo adelantado en septiembre ante la Asamblea General de la ONU, y lo materializó con un decreto ejecutivo dirigido a agencias gubernamentales. Aunque la medida no alcanza al sector privado, empresas como Meta y Elon Musk ya han integrado el nuevo vocabulario en sus comunicaciones.
Dato clave: Trump afirmó que “la Casa Blanca considera un ENEMIGO a cualquiera que utilice el término ‘inteligencia artificial’ en lugar del nuevo término, muy bien aceptado y más preciso, de ‘superinteligencia’”.
La iniciativa responde a una estrategia de rebranding ideológico, en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia la IA, alimentada por temores sobre su seguridad y por protestas locales contra la construcción de centros de datos. El exjefe de Estado, firme defensor del avance tecnológico, busca desmarcarse de narrativas negativas y posicionar la tecnología como un activo estratégico nacional.
Contexto
La iniciativa de Trump se inscribe en una tendencia global de regulación y definición de términos clave en IA, aunque su enfoque es inusualmente polarizante. Expertos en ética tecnológica y lingüística han cuestionado la base técnica del cambio, al no existir consenso científico que distinga “superinteligencia” de “inteligencia artificial” como categorías separadas. Mientras, organizaciones civiles y académicas alertan sobre el riesgo de instrumentalizar el lenguaje para manipular percepciones públicas sobre riesgos reales.
¿Qué sigue?
Se espera que agencias federales adapten sus comunicados y documentación técnica para reflejar la nueva terminología a partir del próximo trimestre. En el ámbito privado, la adopción dependerá de cada empresa, aunque la presión simbólica podría extenderse a proveedores estatales. La iniciativa también podría ser cuestionada judicialmente por violar principios de libertad de expresión.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.