Cuatro de los diez distritos con más homicidios registran minería informal

Cuatro de los diez distritos con mayor tasa de homicidios en el Perú concentran minería informal, en un escenario de creciente violencia y debilidad institucional en seguridad ciudadana.

En el último año, el país registró más de cinco homicidios diarios en promedio, con un alza del 44% en los cometidos con armas de fuego (73% del total), y una caída crítica en la confianza ciudadana: solo el 13% confía en la Policía Nacional del Perú (PNP), su nivel más bajo en una década. Según el Índice Global de Crimen Organizado 2025, el Perú se ubica entre los 31 países con mayor criminalidad de 193 analizados, y presenta una de las respuestas estatales más débiles de América Latina para enfrentar estos desafíos.

La inseguridad se intensifica en zonas donde coexisten minería informal, cultivos de coca y presencia de grupos criminales, según reportes del Devida. Además, la ineficacia del sistema de justicia se refleja en que, aunque las denuncias por extorsión se multiplicaron por 5,5 desde 2021 (superando las 26 mil anuales), los encarcelados con sentencia cayeron de 712 a 650. En homicidios calificados, las denuncias se duplicaron, pero los procesados con sentencia apenas crecieron un 9%. La coordinación interinstitucional también es limitada: solo el 57% de las municipalidades comparte sus rutas de patrullaje con la PNP, lo que genera duplicidad de esfuerzos y zonas sin protección.

Contexto

Análisis: La debilidad institucional se agrava por la falta de supervisión efectiva sobre la Minería de Aserrío y la Autoridad Nacional del Agua (MAPE), así como por la escasa capacidad de los Gobiernos Regionales (GORE) para articular respuestas integrales mediante los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana. En elecciones regionales y municipales inminentes, la gestión del orden interno se convierte en un eje central, especialmente en territorios donde el Estado no logra ejercer control territorial. Organismos como el IPE proponen un enfoque basado en riesgo geográfico, con sistemas integrados de información y mecanismos de rendición de cuentas.

¿Qué sigue?

Las autoridades electas deberán priorizar la coordinación operativa con la PNP y el Ministerio Público, fiscalizar con rigor las actividades extractivas informales y destinar eficientemente el presupuesto para seguridad. Sin una estrategia territorial y preventiva, el ciclo de violencia y la impunidad seguirán consolidando a los grupos criminales en zonas estratégicas del país.

📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.