Línea Amarilla: Perú irá al CIADI para defenderse frente a “nueva evidencia” en su contra

El Perú se prepara para defenderse ante el CIADI en Washington el 15 y 16 de octubre, tras la presentación por parte del grupo Vinci de una solicitud para admitir nueva evidencia en su contra.

El Estado peruano, representado por el SICRECI y el estudio jurídico Baker Botts LLP, viajará a Estados Unidos entre el 14 y 17 de octubre para participar en la audiencia programada en las instalaciones del CIADI en Washington. El caso fue iniciado en 2021 por VINCI Highways SAS y VINCI Concessions SAS, accionistas mayoritarios de Lima Expresa, concesionaria de la Línea Amarilla, y se centra en presuntas violaciones al tratado de protección de inversiones entre Perú y Francia.

Este proceso constituye el segundo arbitraje en el que está involucrada la empresa francesa vinculada al proyecto vial. En 2018, la concesionaria Lima Expresa inició un proceso contra la Municipalidad de Lima por el cobro de peajes, y en junio de 2020, un tribunal de París determinó que la tarifa correspondiente para ese año debería haber sido de S/ 5.40, no de S/ 5.70 como se aplicaba. En esta ocasión, el reclamo se enfoca en supuestas irregularidades en la modificación del contrato de concesión, lo que según Vinci afecta sus derechos como accionista.

Contexto

Este caso refleja la creciente tensión entre el Estado peruano y grandes inversores extranjeros en infraestructura vial, especialmente en proyectos de alta complejidad como la Línea Amarilla. La administración actual ha reforzado su estrategia de defensa en foros internacionales mediante el SICRECI, pero el volumen de demandas recientes —entre ellas, casos contra Ríos, Inframerica y ahora Vinci— evidencia desafíos estructurales en la gestión contractual de concesiones. Expertos señalan que la gestión de pruebas y la coherencia en las posturas estatales son claves para evitar laudos adversos que puedan generar obligaciones de pago o dañar la percepción de riesgo país.

¿Qué sigue?

Tras la audiencia programada para mediados de octubre, el tribunal arbitral tendrá que decidir si admite la nueva evidencia presentada por Vinci y luego evaluará el fondo del reclamo. Según fuentes jurídicas, una decisión sobre el fondo podría tardar entre 12 y 18 meses. Mientras tanto, el Estado peruano reforzará su estrategia defensiva con apoyo técnico y jurídico especializado, buscando evitar un laudo que afecte su estabilidad fiscal y su reputación como destino de inversión.

📰 Publicado originalmente en Diario Gestión. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.