Pérdidas tributarias durante pandemia vuelven a debate: se usarían para “reducir” pago del IR

Diputados impulsan una nueva propuesta para extender el plazo de compensación de pérdidas tributarias generadas entre 2020 y 2022, buscando evitar que saldos ya vencidos pierdan su efecto fiscal.

Una iniciativa legislativa presentada por un grupo de congresistas busca modificar de forma excepcional el tratamiento de las pérdidas tributarias acumuladas durante los años críticos de la pandemia, permitiendo que las empresas del literal a) del artículo 50 de la Ley del Impuesto a la Renta las utilicen en hasta 10 ejercicios posteriores —en lugar de los cuatro actuales—, lo que extendería su vigencia hasta 2030 para las pérdidas de 2020. La propuesta busca rescatar saldos que ya vencieron o están por vencerse, pero genera dudas sobre su viabilidad jurídica, especialmente respecto a si revivirá efectivamente pérdidas cuyo plazo ordinario ya concluyó.

El debate se reactiva tras la expiración parcial del plazo original de cuatro años para compensar pérdidas, vigente bajo el régimen del literal a) del artículo 50 de la Ley del Impuesto a la Renta. Las empresas que reportaron pérdidas en 2020, 2021 y 2022 ya están agotando ese plazo, lo que pone en riesgo la recuperación fiscal de miles de negocios afectados por la crisis sanitaria. La iniciativa actual, aunque similar a la rechazada en el anterior periodo legislativo, intenta superar las observaciones del Ejecutivo mediante una redacción más precisa, aunque expertos advierten que falta claridad en los mecanismos transitorios para resucitar saldos ya prescritos.

Contexto

Análisis: La medida responde a la necesidad de apoyar la reactivación económica, ya que muchas empresas aún enfrentan dificultades para generar rentas suficientes para aprovechar sus pérdidas dentro del plazo actual. Sin embargo, expertos como Giorgio Balza (Cuatrecasas) y Juan José Assereto (Zuzunaga & Assereto) señalan que la propuesta no define si las pérdidas vencidas recuperarán su validez ni cómo se calcularía su compensación retroactiva. El Poder Ejecutivo ya expresó preocupación por el impacto fiscal y por los riesgos de inconstitucionalidad al alterar derechos adquiridos bajo normas vigentes en ejercicios cerrados. El sector privado espera que, si se aprueba, la norma incluya salvaguardas para evitar distorsiones en la recaudación tributaria.

¿Qué sigue?

La propuesta ingresará al Congreso para su evaluación en comisiones unidas de Economía, Hacienda y Constitución. Se espera que se realicen audiencias con expertos y representantes del sector empresarial antes de una votación en pleno. Si supera este filtro, deberá ser analizada por el Ejecutivo, que podría observarla nuevamente por razones fiscales o jurídicas. La ventana legislativa para su aprobación en este periodo es estrecha, dada la proximidad a las elecciones generales.

📰 Publicado originalmente en Diario Gestión. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.