El Poder Judicial reconoció el laudo arbitral de mayo de 2020 a favor de Rutas de Lima, que exige a la MML más de S/ 216 millones más intereses por daños en la operación del peaje Chillón.
La Primera Sala Comercial de Lima emitió la Resolución N.° 13 el 21 de septiembre de 2026, al considerar fundada la solicitud de reconocimiento de un laudo extranjero emitido por un tribunal arbitral con sede en Washington D.C. El fallo ordena a la Municipalidad Metropolitana de Lima pagar S/ 936,403 por afectación en recaudación entre finales de 2016 y principios de 2017, y S/ 215.9 millones por la no recaudación en la Nueva Unidad de Peaje Chillón entre enero de 2017 y octubre de 2019.
Dato clave: El monto total exigido asciende a S/ 216.8 millones más intereses legales acumulados hasta la fecha de pago.
El reconocimiento judicial no reabre el fondo del asunto, sino que homologa el laudo extranjero como título ejecutivo nacional, según lo establecido en el Trámite de Arbitraje Ad Hoc regido por las Reglas UNCITRAL 2010. El caso se origina en la disputa por el contrato de concesión Vías Nuevas de Lima, tras la imposibilidad de operar y cobrar tarifas en la Nueva Unidad de Peaje Chillón. Rutas de Lima inició el proceso arbitral en mayo de 2018, y el tribunal rechazó las pretensiones de la MML que buscaban anular cláusulas contractuales y el acta de junio de 2016.
Contexto
La Municipalidad respondió con un comunicado oficial en redes sociales, rechazando la resolución por considerarla desprovista de motivación y contraria a principios constitucionales. Su Procuraduría Pública anunció la interposición de una acción de amparo. El sector vial y de infraestructura observa con atención el desenlace, ya que el caso pone en jaque la estabilidad contractual y la confianza de inversiones extranjeras en proyectos de concesión en el Perú.
¿Qué sigue?
La interposición del amparo suspendería la ejecución forzosa del laudo hasta que un juez decida sobre su procedencia. Sin embargo, si el tribunal rechaza la demanda, la MML tendría que cumplir con el pago o negociar una solución extrajudicial. El caso servirá de precedente para futuros litigios contractuales entre el Estado y operadores privados.
📰 Publicado originalmente en Diario Gestión. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.
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