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English (United Kingdom) El presidente Nayib Bukele propone liberar condicionalmente a cerca del 50% de los presos acusados de colaborar con pandillas, bajo un régimen de excepción que ha encarcelado a más de 92.000 personas desde 2022.
El mandatario salvadoreño presentó este martes un plan que buscaría放 liberar anticipada y condicionalmente a aproximadamente la mitad de los detenidos acusados de colaboración con las maras, tras reconocer que su participación no siempre fue activa, sino impuesta por la coacción de las pandillas. El país lleva registrados 93.162 detenidos desde que en marzo de 2022 entró en vigencia el estado de excepción, que suspende garantías constitucionales. Bukele aclaró que no se trataría de una absolución, sino de libertad bajo monitoreo, considerando diferencias en el grado de implicancia —como advertir la llegada de la policía frente a enterrar un cadáver—.
Dato clave: El régimen de excepción ha generado más de 6.400 denuncias de abusos y 570 muertes en custodia estatal, según organizaciones humanitarias.
La iniciativa se enmarca en una estrategia de seguridad pública que ha priorizado la represión penal frente a la violencia pandillera, con altos índices de aprobación popular que permitieron la reelección de Bukele pese a la prohibición constitucional vigente en su momento. El Ejecutivo justifica la medida como un mecanismo de “reinserción selectiva”, distinguiendo entre quienes ejercieron autoridad dentro de las pandillas y quienes sobrevivieron bajo su dominio. No obstante, organismos como Amnistía Internacional han denunciado que las condiciones del régimen podrían configurar crímenes de lesa humanidad.
Contexto
La política de “mano dura” ha concentrado casi todos los esfuerzos estatales contra las pandillas, con un enfoque penal que ha generado críticas por violaciones a derechos humanos. Aunque la tasa de homicidios se redujo drásticamente tras la implementación del estado de excepción, la sobrepoblación carcelaria y las denuncias de detenciones arbitrarias persisten. La propuesta de liberaciones condicionales podría ser un intento de equilibrar la seguridad con la sostenibilidad del sistema penitenciario, cuya capacidad se encuentra sobrepasada. Sin embargo, falta transparencia sobre los criterios de selección, plazos y mecanismos de control, lo que genera incertidumbre sobre su viabilidad jurídica y operativa.
¿Qué sigue?
El Gobierno no detalló aún cómo se aplicaría el plan ni si ya está en ejecución, lo que deja abierta la posibilidad de que se trate de una propuesta en estudio. La falta de información específica —como umbrales de colaboración o protocolos de seguimiento— impide evaluar su real impacto. Ante la presión internacional y la necesidad de mantener la legitimidad interna, el Ejecutivo podría anunciar medidas concretas en las próximas semanas, aunque su éxito dependerá de la capacidad del Estado para garantizar supervisión efectiva sin recaer en abusos.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.