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Versión oficial vs testimonio del afectadoRelato policialVersión del heridoSin grabaciones completas del incidente

Un venezolano de 28 años, herido por un disparo del ICE en Austin (Texas) el 20 de septiembre, fue operado este jueves para extraer la bala alojada cerca de su columna vertebral, tras ser acusado de agresión a agentes federales.

Wilber Garcés sufrió el impacto durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras trabajaba como repartidor en su vehículo. Tras el suceso, permaneció sin retirar la bala durante 15 días y fue trasladado de custodia migratoria a una prisión federal, donde este miércoles un juez federal negó su solicitud de fianza por considerar que representa un riesgo de fuga. La fiscalía lo acusa de agresión, resistencia, obstrucción e impedimento a un agente federal, delitos que podrían conllevar hasta 20 años de cárcel.

Dato clave: El agente que disparó, identificado como L.G., no llevaba cámara corporal activa, mientras que su compañero, D.F., apagó su dispositivo a mitad del encuentro, lo que impide contar con un registro visual completo del incidente.

Los abogados de Garcés denuncian que los cargos penales forman parte de una estrategia represiva contra quienes se oponen o resisten a las acciones del ICE, citando precedentes similares. Según el relato de los agentes, Garcés huyó tras una primera intervención, golpeó a un oficial con el espejo retrovisor de su auto y luego intentó atropellar a L.G., lo que justificaría el disparo. En contraste, el afectado asegura que pidió estacionar su vehículo en un lugar seguro antes de entregarse, pero fue embestido y disparado por la espalda.

Contexto

Este caso se enmarca en una ola de operativos migratorios intensificados bajo la administración de Donald Trump, que han generado fuertes críticas de legisladores demócratas y organizaciones de derechos humanos por el uso de la fuerza letal. La falta de transparencia en los registros audiovisuales y la rápida derivación de casos a procesos penales han alimentado las denuncias de abusos institucionales. La organización TCRP ha señalado que la ausencia de evidencia visual confiable socava la rendición de cuentas y genera dudas sobre la versión oficial de los hechos.

¿Qué sigue?

El proceso judicial de Garcés avanzará en los próximos días con audiencias previas que evaluarán la admisibilidad de pruebas y posibles moción de desestimación. Su defensa planea presentar peritajes médicos y técnicos para cuestionar la narrativa de los agentes. Mientras tanto, su caso se ha convertido en un referente para el debate nacional sobre reforma migratoria y el uso proporcional de la fuerza por parte de agencias federales.


📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.