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English (United Kingdom) El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, rechazó sanciones estadounidenses que le impiden entrar a EE.UU. y exigió respeto a la soberanía institucional, tras acusaciones de corrupción vinculadas a investigaciones en curso.
Este lunes, el Departamento de Estado de EE.UU. revocó los visados de 13 funcionarios y exfuncionarios bolivianos, entre ellos Mariaca, a quien imputa participación en casos graves de corrupción bajo la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional. La medida forma parte de un paquete que también afecta a autoridades de Colombia y Perú, con base en alegados actos que supuestamente socavan instituciones democráticas.
Dato clave: Bolivia es el país con más sancionados en la lista estadounidense, con trece funcionarios o exfuncionarios, incluido el fiscal general, y un empresario.
Desde Sucre, sede del Poder Judicial, Mariaca calificó la decisión como una interferencia inaceptable en las labores del Ministerio Público. Subrayó que su gestión respeta la autonomía institucional y que no permitirá que su trayectoria sea afectada sin que se agoten las instancias legales para esclarecer los hechos. Afirmó que las críticas externas deben expresarse dentro del marco democrático, sin condicionar el trabajo de órganos independientes. Asimismo, vinculó las sanciones con investigaciones delicadas, como las contra el consultor argentino Fernando Cerimedo, y reafirmó su compromiso con la defensa de la independencia institucional.
Contexto
La medida estadounidense se enmarca en la política exterior del gobierno de Donald Trump, que reactiva sanciones contra funcionarios acusados de corrupción y afectación a gobiernos democráticos. El comunicado del Departamento de Estado señala que las acciones de Mariaca “ponen en peligro los esfuerzos contra el narcoterrorismo” y debilitan instituciones clave como la Fiscalía. Ante esto, el Legislativo boliviano solicitó a la Cancillería que exija información formal a EE.UU. y solicitó al fiscal que se “aparte” de su cargo, según informó la fuente. La situación tensiona las relaciones bilaterales y pone en evidencia el uso de herramientas diplomáticas para ejercer presión sobre actores judiciales en América Latina.
¿Qué sigue?
Bolivia buscará respuestas diplomáticas ante la OEA y otros foros regionales, mientras el Congreso evalúa una posible respuesta institucional. Mariaca indicó que continuará su gestión sin condicionamientos externos, lo que podría llevar a un estancamiento en la cooperación judicial con EE.UU. y un endurecimiento del discurso oficial frente a intervenciones extranjeras. La evolución del caso dependerá de si Washington acepta presentar pruebas o si Bolivia opta por respuestas recíprocas.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.