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English (United Kingdom) EE.UU. ha deportado a más de 23.000 personas a terceros países desde enero de 2025 mediante acuerdos con más de 35 naciones, generando alertas por graves violaciones al principio de no devolución y riesgos extremos para migrantes vulnerables.
Desde la toma de posesión del presidente Donald Trump en enero de 2025, el gobierno estadounidense ha establecido acuerdos bilaterales con al menos 35 países —entre ellos Burundi, República Centroafricana, RD Congo, Libia y Sudán del Sur— para trasladar a migrantes que no pueden ser expulsados a sus naciones de origen. Según expertos de la ONU, esta práctica vulnera el principio consuetudinario de no devolución (non-refoulement) y ha derivado en al menos 23.000 deportaciones a destinos donde los migrantes carecen de vínculos personales, sociales o legales.
Dato clave: Al menos 23.000 personas han sido trasladadas a países con los que no tienen relación alguna, exponiéndolas a detenciones arbitrarias, explotación laboral y trata de personas.
Los expertos de la ONU advierten que estos traslados no solo generan trauma adicional, sino que también facilitan un entorno propicio para delitos graves contra los derechos humanos. Muchos de los migrantes expulsados provienen de zonas de conflicto o han sido víctimas de violencia, persecución o pobreza extrema, y su reubicación forzosa en contextos inestables o represivos pone en peligro su integridad física y psicológica. La falta de mecanismos de protección adecuados en los países receptores agrava la situación, especialmente para mujeres, niños y personas con necesidades médicas urgentes.
Contexto
La política migratoria de la administración Trump ha priorizado la aceleración de expulsiones como herramienta central de control fronterizo, incluso cuando los destinatarios no pueden recibir a los migrantes de forma digna o legal. Organismos internacionales han criticado que estos acuerdos se firman sin garantías de asilo ni revisión individual de los casos, lo que contraviene el derecho internacional humanitario. Países como Libia y Sudán del Sur, con sistemas judiciales débiles y altos niveles de violencia, han sido señalados como destinos inadecuados para personas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué sigue?
La comunidad internacional espera que organismos como el ACNUR y la CIDH intensifiquen su supervisión sobre estos traslados y exijan transparencia en los acuerdos firmados. Mientras tanto, defensores de derechos humanos preparan demandas legales contra el gobierno de EE.UU. por supuestas violaciones sistemáticas del derecho internacional. La presión diplomática podría llevar a la suspensión temporal de algunos acuerdos, aunque se prevé que la política migratoria restrictiva continúe en los próximos meses.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.