Español 
English (United Kingdom) El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, creó una comisión de once legisladores para redactar una reforma a la Ley contra el Odio, tras solicitud de Delcy Rodríguez, quien reconoció su mal uso en el pasado.
Este martes, el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, anunció la conformación de la comisión especial encargada de elaborar el proyecto de reforma a la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. La iniciativa fue solicitada por su hermana, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con carácter de urgencia. La comisión estará presidida por el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, y contará con la participación de nueve diputados chavistas y tres opositores: Amelia Belisario, Luis Romero y Rubén Lima.
Dato clave: La comisión está integrada por 11 legisladores: 9 del oficialismo y 3 de la oposición.
La ley fue promulgada en 2017, tras una solicitud del entonces presidente Nicolás Maduro, con el objetivo de sancionar supuestos discursos de odio tras las protestas de ese año. Sin embargo, organizaciones internacionales y la coalición opositora han denunciado su uso como herramienta represiva para perseguir a medios de comunicación y periodistas, limitando la libertad de expresión. Recientemente, Delcy Rodríguez reconoció que la norma fue “mal aplicada” y utilizada de forma abusiva.
Contexto
La iniciativa legislativa responde a una presión interna y externa por corregir una norma considerada anacrónica en materia de derechos humanos. Aunque el gobierno ha señalado que la reforma busca fortalecer la convivencia sin vulnerar garantías fundamentales, la oposición y la sociedad civil mantienen escepticismo ante posibles ajustes cosméticos. La iniciativa se inscribe en un contexto de reactivación del diálogo internacional y esfuerzos del gobierno por mejorar su imagen en temas de derechos humanos.
¿Qué sigue?
La comisión tendrá plazo indefinido para redactar el proyecto, que luego será sometido a debate y votación en pleno. Si se aprueba, pasaría a promulgación por la propia Asamblea Nacional. Observadores internacionales aguardarán con atención si la reforma incluye salvaguardas concretas para la libertad de expresión o si mantiene mecanismos vagos que permitan su uso político.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.