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English (United Kingdom) Un juez federal de Massachusetts suspendió las multas diarias de hasta 998 dólares impuestas por la Administración Trump a inmigrantes que no abandonan EE.UU. tras ordenes de salida, considerando que su aplicación viola derechos fundamentales.
El magistrado George O’Toole Jr., de Boston, emitió una medida cautelar el miércoles que detiene la ejecución de las sanciones civiles establecidas por la normativa federal, aplicadas desde el 27 de julio de 2025. La orden afecta tanto la reglamentación como las multas ya emitidas bajo ese marco, mientras se desarrolla el juicio promovido por la Legal Aid Society y otras organizaciones legales en representación de inmigrantes. Entre los casos concretos se destacan los de Maria L., de Massachusetts, y Nancy M., de Florida, quienes acumularon deudas de cientos de miles y hasta 1,8 millones de dólares, respectivamente, a pesar de cumplir con las obligaciones migratorias y seguir procesos legales abiertos.
Dato clave: Las multas pueden alcanzar los 998 dólares diarios, generando deudas que superan los 1,8 millones de dólares en algunos casos, pese a que los afectados mantienen contacto con ICE y buscan alivio migratorio legal.
El fallo se sustenta en que el Gobierno no evaluó las circunstancias individuales de los inmigrantes, lo que podría llevarlos a la ruina financiera. La normativa fue retomada por la Administración Trump en 2025 tras una pausa, y en junio de ese año el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Justicia endurecieron su aplicación: eliminaron la obligatoriedad de notificar previamente la intención de imponer la sanción y redujeron los plazos para impugnarla. Según la Legal Aid Society, las demandantes son personas que han solicitado ajuste de estatus, protección humanitaria o que demuestran riesgos reales si retornan a sus países.
Contexto
Este caso se enmarca en la política migratoria más restrictiva de la última administración, que reactivó disposiciones legales ya existentes pero con un enfoque punitivo más agresivo. La medida ha generado críticas de defensores de derechos humanos y organizaciones legales, quienes denuncian que convierte en castigo económico el ejercicio de acceder a vías legales de permanencia. El fallo cautelar refuerza el equilibrio entre la soberanía migratoria y los derechos constitucionales, especialmente el debido proceso y la protección contra sanciones desproporcionadas.
¿Qué sigue?
El litigio continuará en los tribunales, y el juez O’Toole deberá pronunciarse sobre la legalidad definitiva de la normativa. Si se confirma la suspensión, el Gobierno podría recurrir la decisión ante la Corte de Apelaciones. Mientras tanto, miles de inmigrantes afectados dejan de acumular deudas imposibles y pueden continuar sus trámites migratorios sin el temor de una ruina financiera inminente.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.