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English (United Kingdom) La presencia del senador Maraví en comisiones clave del Congreso reabre el debate sobre antecedentes vinculados al terrorismo y a organizaciones proselitistas de Sendero Luminoso, generando preocupación por la integridad institucional.
El parlamentario, elegido por Juntos por el Perú (JP), fue señalado en atestados policiales de 1980 y 1981 por supuesta vinculación con atentados cometidos por Sendero Luminoso en Ayacucho. Además, ha sido identificado como integrante del Movadef y del Conare-Sutep, y durante su gestión como ministro de Trabajo bajo el gobierno de Pedro Castillo —en 2022— permitió el acceso de figuras vinculadas al Movadef al ministerio. Recientemente, JP fue señalado por usar su semana de representación en agosto para reunirse con miembros del Fenatep, grupo que la Dircote de la PNP asocia con el Movadef.
Dato clave: En 2022, durante su breve paso por el Ministerio de Trabajo, Maraví autorizó la participación de al menos tres dirigentes reconocidos del Movadef en actividades oficiales.
La polémica se enmarca en una tensa dinámica legislativa donde sectores de izquierda radical buscan imponer agendas mediante la confrontación verbal, mientras instituciones como el Congreso y el Ejecutivo enfrentan índices de aprobación históricamente bajos. La presencia de figuras con cuestionables trayectorias en temas de seguridad democrática no solo socava la credibilidad del Legislativo, sino que también pone en riesgo el consenso necesario para reformas clave, como la justicia transicional o la lucha contra la corrupción.
Contexto
Análisis: La fractura moral y política en el Parlamento se acentúa con cada incidente de este tipo. La oposición institucional exige transparencia en los antecedentes de los parlamentarios, mientras que sectores afines a JP defienden la presunción de inocencia. No obstante, en un país donde más de 70,000 personas murieron en el conflicto armado interno, cualquier figura con vínculos no desmentidos con el terrorismo genera un rechazo ético que trasciende las posturas partidistas. La Comisión de Ética Parlamentaria, actualmente en desactividad, no ha podido pronunciarse sobre estas denuncias, lo que refuerza la percepción de impunidad.
¿Qué sigue?
Los próximos meses definirán si el Congreso logra superar sus conflictos internos para priorizar el debate constructivo. Los ciudadanos, cansados de la confrontación, exigirán claridad sobre los perfiles de sus representantes. La historia no perdona que se repitan errores: el Perú no puede permitirse que el terrorismo vuelva a tener espacios de legitimación, ni en la calle ni en las comisiones del poder.
📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.