Corrupción desde dentro

Tres asesinatos de periodistas y una asesora parlamentaria en Lima e Ica, entre 2024 y 2025, evidencian la infiltración del crimen organizado en instituciones del Estado, especialmente en el Congreso y gobiernos regionales.

El 10 de diciembre de 2024, José Daniel Vargas fue asesinado con 64 balazos en La Victoria; su pasajera, Andrea Vidal —asesora en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso—, falleció días después en el hospital Dos de Mayo. Tras su muerte, se reveló una denuncia sobre una supuesta red de prostitución que involucraría al abogado Jorge Torres Saravia y congresistas. A pesar de que la policía descartó inicialmente esta hipótesis, volvió a considerarla días después. El caso fue archivado por la fiscalía sin que se esclarezcan los vínculos parlamentarios. El 20 de enero de 2025, el periodista Gastón Medina fue ejecutado en Ica tras denunciar corrupción regional y haber revelado, en una entrevista de 2022, un plan de asesinato que apuntaba a su persona y al entonces asesor regional Carlos Zegarra. Por su parte, la periodista y candidata regional “La China” Polo fue asesinada el 19 de septiembre de 2024 frente a cámaras, tras denunciar que el entonces jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo, habría ordenado su ataque.

Estos crímenes no son casos aislados, sino parte de una estrategia sistémica: las víctimas poseían conocimientos confidenciales sobre operaciones ilícitas vinculadas a actores políticos y policiales. La rápida descalificación de hipótesis por parte de las autoridades, el archivamiento de investigaciones y la impunidad reiterada sugieren que las bandas criminales ya no solo operan en la sombra, sino que cuentan con protección institucional. La infiltración se extiende desde la policía y el Ministerio Público hasta el Congreso y gobiernos locales, lo que socava la confianza en las instituciones y pone en riesgo la democracia.

Contexto

Análisis: La falta de avances en las investigaciones refleja una grave debilidad del sistema de justicia frente al crimen organizado. La fiscalización y la investigación penal han sido desbordadas por la complejidad de las redes, que combinan corrupción política, tráfico de influencias y violencia selectiva. Organismos internacionales han alertado sobre el deterioro del estado de derecho en el Perú, especialmente tras la designación de autoridades cuestionadas en el Ministerio Público. La sociedad civil exige garantías reales para periodistas y denunciantes, pero hasta ahora las medidas son insuficientes.

¿Qué sigue?

La sociedad civil y la prensa independiente seguirán exigiendo transparencia en las investigaciones, mientras se reavivan las propuestas de reforma al sistema de protección a defensores de derechos humanos. Sin una respuesta firme del Estado —con investigaciones independientes, sanciones a funcionarios complices y reformas institucionales—, estos crímenes seguirán ocurriendo con impunidad. El futuro de la democracia peruana depende de romper el círculo de corrupción y violencia que amenaza no solo vidas, sino también la verdad.

📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.