¿Cuándo el ciudadano sentirá que la justicia realmente funciona?

Tras el intercambio público entre la presidenta Keiko Fujimori y la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, sobre procesos contra fuerzas armadas, se reafirma que el verdadero desafío es restaurar la confianza ciudadana en un sistema de justicia fragmentado y lento.

La discusión generada por las declaraciones de Keiko Fujimori ante la ONU, en las que cuestionó los procesos judiciales a militares y policías por presuntos abusos durante la lucha contra el terrorismo, desencadenó una respuesta firme de Janet Tello, quien exigió una retractación pública. No obstante, expertos advierten que este intercambio de responsabilidades entre poderes del Estado desvía la atención del problema central: la crisis de confianza institucional. Según la encuesta de Datum publicada recientemente, apenas el 15% de los peruanos confía en jueces y fiscales —una mejora de seis puntos respecto a abril de 2025—, pero sigue siendo alarmantemente bajo.

El problema va más allá de un solo caso o confrontación institucional: es sistémico. Las deficiencias en la administración de justicia se deben a fallas estructurales que involucran al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Ejecutivo, al Congreso, a la Policía y al INPE. Mientras algunos procesos por delitos contra el terrorismo avanzan lentamente, millones de ciudadanos enfrentan situaciones cotidianas de impunidad: transportistas extorsionados sin respuestas, comerciantes con procesos judiciales que se arrastran por años, o madres que reprograman indefinidamente audiencias por alimentos. Experiencias como las unidades de flagrancia demuestran que, cuando las instituciones trabajan articuladamente, los tiempos se acortan y la eficacia aumenta —pero esa coordinación no se ha generalizado.

Contexto

El Perú ha implementado reformas, creado nuevas instituciones y elaborado diagnósticos exhaustivos sobre el sistema de justicia. Sin embargo, la falta de continuidad en las políticas, la ausencia de metas claras y la escasa rendición de cuentas han impedido que estos esfuerzos se traduzcan en resultados tangibles para la ciudadanía. La confrontación entre poderes, aunque legítima en ciertos contextos, termina alimentando la percepción de desinterés institucional. La confianza ciudadana no se recupera con discursos, sino con hechos concretos, plazos definidos y resultados medibles.

¿Qué sigue?

El debate debe trasladarse del terreno de las acusaciones cruzadas al de las soluciones operativas: establecer metas anuales de desahogo procesal, fortalecer la coordinación interinstitucional en casos prioritarios y exigir transparencia en los plazos. El Congreso, desde su función fiscalizadora y legislativa, tiene un rol clave en impulsar acuerdos mínimos que garanticen avances reales. Porque al final, no importa quién “ganó” esta batida institucional: lo que cuenta es cuándo el ciudadano volverá a sentir que la justicia no es un privilegio, sino un derecho efectivo.

📰 Publicado originalmente en El Comercio. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.